Mientras se planifican los recursos públicos y se invierte en conseguir un equilibro en la oferta de la Administración educativa para la atención a menores de tres años y la demanda de la población, habría que plantearse "reforzar la política de ayudas económicas, básicamente a través de subvenciones, que permitiera a muchas familias que no han podido obtener plaza en la oferta pública afrontar los gastos por los servicios prestados en un centro privado", argumenta el Defensor.
De este modo, apuntó que este servicio educativo puede realizarse a través de guarderías privadas mediante convenios o conciertos, siempre y cuando la externalización del servicio público "no comporte un detrimento de la calidad de la atención que se presta a los niños", para lo que recomienda un "incremento de los mecanismos de control y supervisión de la Administración de los servicios que convenia".
Según recoge el Defensor en su último Informe Anual, son "muchos los ciudadanos que se dirigen a la institución criticando la falta de una oferta pública de plazas en guarderías donde poder dejar a sus hijos mientras desempeñan su trabajo, sin que dispongan de otros recursos para el cuidado de los menores como puede ser la ayuda de otros familiares".
Se trata, además, de unidades familiares que "no disponen de recursos económicos suficientes para contratar a una persona cuidadora o para abonar los gastos que conllevan matricular a sus hijos en guarderías privadas". Ante esta tesitura, "muchas madres se lamentan que la única opción que les queda es abandonar sus trabajos y ser ellas mismas las que se ocupen de la atención de sus hijos", apunta.
Asimismo, el Defensor destaca que en Andalucía, a día de hoy, la cifra de escolarización "dista bastante" del compromiso adquirido por España y el resto de los países miembros de la UE en la cumbre de Barcelona de 2002, en la que el Consejo Europeo conminó a los estados a alcanzar en 2010 una cobertura del 33 por ciento de escolarización para los menores de tres años.
Así, aunque advierte de que la institución "no dispone de datos exactos" sobre las diferencias entre demanda y oferta de servicios para la atención educativa de este sector de la población, si se toma en consideración que la población de 0 a 3 años en Andalucía -según los últimos datos del Observatorio para la Infancia en Andalucía- asciende a 361.412 menores, y que las plazas en centros de atención socio-educativa concedidas son 70.451, "se llega a la conclusión de que sólo el 19 por 100 de esta población tiene plaza en un centro".
En cualquier caso, y con independencia de cifras, números y estadísticas, la institución señala que las quejas que tramita referidas a este asunto apuntan a un "incremento de la demanda de estos servicios de atención a la primera infancia debido a las expectativas que han ido generando en la ciudadanía los sucesivos planes de ayudas a las familias andaluzas".
Además, advierte que, "si a ello le unimos otros indicadores, como la tasa de natalidad o de incorporación de la mujer al mundo laboral, no es arriesgado aventurar que la demanda de plazas en escuelas infantiles seguirá aumentando".
Lo cierto es que la consejera de Educación, Mar Moreno, ha admitido que el curso del primero ciclo de Educación Infantil, cuyas competencias han sido asumidas por primera vez este año por la Consejería, arranca con "una demanda de más de 17.000 plazas que no se pueden atender".
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