Desde el pasado viernes, los funcionarios del Servicio Común de Embargo y Notificaciones de los juzgados sevillanos están prácticamente paralizados tras recibir una instrucción de la Delegación Provincial de Justicia en la que se restringía el servicio de taxis que usaban hasta ahora para casos muy excepcionales para recortar gastos. La plantilla que se encarga de recorrer la ciudad repartiendo las citaciones a los juicios o que forman parte de la comisión judicial que ejecuta los embargos no tenía ningún medio de transporte disponible hasta que a última hora de ayer recibieron “60 bonobuses”, según explicó el delegado de Justicia en Sevilla del CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos.
El servicio común informó ayer a la secretaria coordinadora provincial de esta incidencia en el servicio y precisó que debido a la falta de taxis se vieron obligados a suspender todos los embargos y lanzamientos -expulsión forzosa de un inquilino que ha sido deshauciado- previstos para este día. En concreto, quedaron sin realizarse 287 embargos y 31 lanzamientos, sí como un número elevado de citaciones.
La decisión de la Consejería quedó plasmada en la instrucción 2/2009, que establece que, a partir de ahora, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se efectuarán "en medio de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio".
La medida se completa con la retirada del coche oficial que tradicionalmente estaba a disposición de los juzgados de Guardia de la capital para la práctica de las diligencias urgentes, como los levantamientos de cadáveres o los registros domiciliarios que ordena el juez. La Consejería de Justicia sostiene que, en ningún caso las restricciones afectarán a los levantamiento de cadáveres, que requieren una actuación urgente.
Con esta medida, la Junta pretende ahorrar unos tres millones de euros que anualmente gastaba en servicio de taxis en los juzgados en toda Andalucía. Es más, se da el caso que en localidades como Algeciras incluso hubo problemas de impagos. Los taxistas llegaron a amenazar el pasado mes de agosto con que si no les pagaban los 24.000 euros que les adeudaban dejarían de prestar el servicio.
Se da la circunstancia de que la consejería andaluza no es la primera que toma esta medida. En la Comunidad Valenciana, se recortó a la mitad esta prestación el pasado mes de abril con el mismo objetivo, lo que también motivó las protestas de los funcionarios.
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