La Delegación reforzará la seguridad en todas las fiestas municipales tras el caso de Pozuelo

Y para ello hay dos vías. Por un lado la penal, donde la investigación policial sigue abierta y rastrea también Internet en busca de los autores de los vídeos que han aparecido en la red, en alguno de los cuales se alentaba incluso a apedrear y tirar botellas a los agentes del orden. Por otro, la vía administrativa, ya que la Delegación ha abierto un expediente administrativo para dirimir responsabilidades.

Este martes, la Delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, y el consejero de Interior, Francisco Granados, se reunieron durante una hora en un encuentro de urgencia que, como informó Madridiario, quiere atajar de raíz cualquier conato de nueva reyerta urbana en los municipios que ahora comienzan sus fiestas.

Tras el encuentro, el mensaje fue unitario y contundente. La culpa de la reyerta y posterior intento de asalto a la comisaría no la tuvieron la Policía Nacional ni la Local, cuya coordinación se evalúa como perfecta y a quienes la Delegada del Gobierno felicitó por el cumplimiento de su labor; ni el Ayuntamiento, ya que ambas instituciones juzgan el dispositivo especial para las fiestas como adecuado. "Los únicos responsables son los energúmenos  que se dedicaron a agredir a los policías, a destrozar el mobiliario público y a violentar la convivencia de las personas", advirtió Granados apoyado por Valcarce.

Además, el consejero señaló directamente a los padres de los 20 detenidos (13 adultos y 7 menores de edad), que son quienes deben "inculcarles valores" y de quienes, según aseguró, se han comprobado en el caso de Pozuelo graves casos de "irresponsabilidad".

Más planes frente al botellón
Para evitar que la situación se repita, la Delegada del Gobierno anunció que los últimos 557 policías nacionales que se han destinado a la Comunidad de Madrid se incorporarán progresivamente a todos los municipios que celebran sus fiestas durante el final del verano y el otoño como refuerzo ante posibles situaciones similares a las de Pozuelo.

Además, Valcarce reveló que a partir del mes que viene se constituirá una comisión de trabajo con la Federación Madrileña de Municipios y las organizaciones sociales y vecinales en la que se revisará cómo se aplica la ley antibotellón en cada localidad. La Comunidad no es partidaria de prohibir beber en la calle durante las fiestas y cree que el botellón no fue el origen del caso de Pozuelo, pero Valcarce sí destacó que exigirá que los ayuntamientos controlen exhaustivamente si hay menores consumiendo alcohol en la calle. Eso, además de poner al día y rehacer si fuera necesario todos los planes municipales de ocio alternativo y saludable para implicar a "todos" los agentes sociales y administrativos.