Argentina regresa este lunes a La Haya

Se trata de la última etapa del proceso judicial, antes de que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas (ONU) fije su posición ante la demanda argentina, un fallo que se espera conocer en un plazo aproximado de seis meses.

En las audiencias orales, que se extenderán durante tres semanas -hasta el 2 de octubre-, Argentina y Uruguay deberán defender con testigos, pruebas y peritos, sus argumentos en contra y a favor de la instalación de Botnia en la margen izquierda del compartido Río Uruguay.

Argentina, que por ser la demandante será la primera en exponer en esta instancia probatoria, ratificará que el Estado uruguayo "violó el Estatuto del Río Uruguay y autorizó unilateralmente la instalación de Botnia", avanzaron fuentes oficiales.

La delegación argentina insistirá en que Uruguay incumplió con sus "obligaciones de información y consulta previa" que dispone el Estatuto, pero además se centrará en las evidencias aportadas en relación a los efectos contaminantes de la pastera finlandesa Botnia, en funcionamiento desde el 9 de noviembre de 2007.

En ese sentido, Argentina advertirá que Botnia "generó diversos y recurrentes episodios de contaminación" que se manifestaron, entre otros fenómenos, en la "emanación de olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la planta, en la aparición de manchas en el río", en la multiplicación de algas "en una escala que no registra precedentes", revelaron a Télam fuentes diplomáticas argentinas con acceso a la causa.

Asimismo, se aportarán detalles sobre las "explosiones derivadas de accidentes en la operación de la planta", episodios que se han producido cada vez "con mayor frecuencia desde el último verano", añadieron las fuentes.

Los efectos que la instalación de Botnia está teniendo sobre el río y sus áreas de influencia, cuya preservación fue el objetivo del Estatuto de 1975, fueron recogidos en el Plan de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay que, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, viene recabando datos sobre el estado del aire, el agua, la flora y la fauna desde hace dos años.

Estos resultados fueron incluidos en los tres copiosos volúmenes de documentos complementarios que Argentina presentó a la Corte el pasado 30 de junio y 15 de julio, junto a otros informes científicos y técnicos, documentación diplomática relacionada con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), artículos de prensa, denuncias de vecinos de Gualeguaychú, etc., producidos con posterioridad a la Réplica argentina de enero de 2008.

Esta documentación, al igual que todas las presentaciones escritas de ambas partes -Memoria, Contra-memoria, Réplica y Dúplica- está cubierta actualmente por un pedido de confidencialidad impuesto por la Corte a las partes hasta el comienzo de las audiencias orales, que será cuando se haga público el material a través de la página web del tribunal.

En esta nueva etapa del juicio, los representantes argentinos, la consejera legal de cancillería, Susana Ruiz Cerutti, el director del Instituto del Servio Exterior de la Nación, Horacio Basabe, y Santos Goñi Marenco, embajador argentino en Países Bajos, expondrán los argumentos presentados en la fase escrita, introduciendo precisiones o actualizaciones y, si fuera el caso, responderán a las preguntas que eventualmente planteen los jueces del tribunal, el que posteriormente dictará sentencia.

El secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, también estará presente en el inicio de la fase oral del juicio, mientras el canciller Jorge Taiana seguirá atentamente cada paso del proceso en contacto directo con Ruiz Cerutti, jefa del equipo.

El principal argumento de Argentina es que Uruguay incumplió con obligaciones sustantivas y de procedimientos dispuestas por el Estatuto del Río Uruguay, en el primer caso, la obligación de "no contaminar" y, en el segundo caso, de "notificar y consultar" a Argentina decisiones que afecten el río y la calidad de sus aguas.

"La permanencia del proyecto de Botnia en la localización unilateralmente elegida en violación del Estatuto compromete seriamente el ecosistema asociado al Río Uruguay y sus zonas de influencia", sostiene Argentina en su Memoria, de acuerdo con las fuentes oficiales.

Argentina destaca, también, la "envergadura del emprendimiento" -un millón de toneladas anuales de producción- no reconoce antecedentes", y advierte que se trata de "una industria que está considerada entre las cuatro más contaminantes del mundo y que ya ha motivado catástrofes ecológicas en la región, como el caso de Chile".

Por su parte, la delegación de Uruguay, que hará su descargo durante la segunda semana, previsiblemente defenderá el desempeño ambiental de Botnia, así como también el grueso de los argumentos expresados hasta el momento, como que cumplió con la obligación de informar dispuesta por el Estatuto y que ninguna de las partes tiene "derecho a veto".

De acuerdo con el procedimiento, en la tercera semana cada país tendrá dos días para rebatir lo que dijo el otro, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia. De cara a la recta final del proceso judicial, las fuentes oficiales destacaron que el plan original de Uruguay era la instalación de cinco pasteras: Botnia, ENCE y tres más.

Sin embargo, "el rechazo de Gualeguaychú y la decisión gubernamental argentina de, ante la intransigencia del Uruguay para encontrar una salida negociada, presentarse en el Tribunal de La Haya como estaba previsto en el Estatuto del Río Uruguay -junto a la buena predisposición de ENCE de relocalizar su planta- evitaron que avance en la zona un polo de producción celulósica", subrayaron.

La controversia que mantienen Argentina y Uruguay se originó con la autorización y encargo por parte del Estado uruguayo de la construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en la margen izquierda del Río Uruguay, a la empresa española Ence (octubre de 2003) y la finlandesa Botnia (febrero de 2005).

El 5 de mayo de 2005, ambos países formaron el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) con el objetivo de buscar una salida negociada al conflicto, pero tras 180 días de actividad éste concluyó sus funciones sin haber llegado a un acuerdo.

Ante el fracaso de las negociaciones directas, el 11 de marzo de 2006, el entonces presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y su par uruguayo, Tabaré Vázquez, acordaron solicitar a las empresas responsables de los proyectos que suspendiera los trabajos por 90 días, con el fin de permitir un estudio de impacto acumulado transfronterizo de las plantas proyectadas.

Este ejercicio se vio, no obstante, frustrado por el silencio de Uruguay frente a la negativa de Botnia de suspender las obras por el tiempo solicitado, ya que ENCE había aceptado.

El nuevo fracaso llevó a Argentina a acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 4 de mayo de 2006, tal como lo establece el Artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay en lo que se refiere a la solución de controversias acerca de su interpretación o aplicación que no pudiesen ser resueltas por la vía de la negociación directa.

En septiembre de 2006, ENCE decidió relocalizar la planta por lo que quedó fuera del conflicto. En tanto, la Corte adoptó dos resoluciones en el marco del proceso: rechazó tanto el pedido de medidas provisionales formulado por Argentina para que se suspenda la autorización y las obras de las pasteras como la solicitud de Uruguay para que el gobierno argentino evite los cortes de rutas y puentes realizados por los asambleístas argentinos que se oponen a Botnia.