Según informaron a Europa Press fuentes de la consejería de Gobernación, los contactos de Pizarro con los partidos empezarán a iniciarse después de que el martes se dé el visto bueno en comisión parlamentaria al dictamen sobre la Ley de Régimen Local que ya salió adelante en el seno del grupo de trabajo que lo ha elaborado, con el apoyo de los grupos socialistas y de IULV-CA, mientras que el PP-A se abstuvo.
La intención del consejero, según las mismas fuentes, es analizar con los partidos el contenido de dicho dictamen y conocer cuáles son los planteamientos de cada uno de ellos respecto a las dos leyes. Desde un primer momento, desde el Gobierno andaluz se tenía claro que también era fundamental contar con la opinión del Partido Andalucista, ya que, aunque no tenga representación en el Parlamento, sí tiene presencia en varios ayuntamientos de Andalucía.
Durante su encuentro con los partidos, Luis Pizarro insistirá en que el Gobierno andaluz cumplirá con el calendario que se había marcado desde un principio en relación con la tramitación de ambas leyes, esto es, aprobación por el Consejo de Gobierno y remisión al Parlamento antes de que finalice este año, con el fin de que puedan empezar su tramitación parlamentaria a principios de 2010 y que puedan estar aprobadas de manera definitiva antes de que acabe el primer semestre de ese ejercicio.
Como se recordará, los grupos parlamentarios del PSOE y de IULV-CA apoyaron el pasado miércoles el dictamen del grupo de trabajo creado en la Cámara andaluza para la elaboración de la nueva Ley de Régimen Local de Andalucía, mientras que el PP-A se abstuvo en la votación, ya que, aunque comparte parte de la filosofía del contenido, asegura que no se ha recogido su petición de que los ayuntamientos participen en los "ingresos" de la Comunidad y no en los "tributos", así como tampoco las recomendaciones que ha presentado, destinadas a medidas coyunturales hasta que la ley entre en vigor.
Los grupos tienen de plazo hasta el lunes para presentar votos particulares a dicho informe si lo estiman oportuno. En el documento del grupo de trabajo se hacen recomendaciones consistentes en que la ley tenga efecto económico y presupuestario en 2010, así como también que el Consejo de Gobierno haga llegar a la FAMP y las fuerzas políticas el Anteproyecto de la Ley en el mismo momento que sea remitido al Consejo Consultivo para su dictamen, a fin de facilitar de esta forma el mecanismo de diálogo y negociación.
A ello se une la posibilidad de crear un Fondo Especial para Urgencias Sociales; establecer un calendario de fechas para el abono de las deudas contraídas con los ayuntamientos, así como el abono de las obligaciones tributarias con ellos; y que el 50 por ciento de las asignaciones complementarias adeudadas por el Gobierno de la Nación en concepto de 'deuda histórica' sean destinadas a un plan especial de liquidez para las corporaciones locales.
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