Autorizan a ver archivos de adopción de una ONG católica

El fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal permite que la asociación revise registros del Movimiento Familiar Cristiano, dentro de una causa penal por el robo de menores durante la represión desatada por el régimen militar (1976-1983).

"Ya hay dos casos de nietas que recuperaron su identidad luego de haber sido entregadas en adopción a través del Movimiento, una institución vinculada a la Iglesia que mediaba entre familias que querían adoptar y niños que estaban disponibles", explicó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Detalló que "lo que se descubrió es que algunos de esos niños en proceso de adopción eran hijos de desaparecidos, por lo que hay que mirar todas las adopciones de esta institución en detalle y cruzar esa información con la de Abuelas porque es posible recuperar la identidad de otros chicos".

El dictámen del tribunal revocó un fallo de primera instancia que había rechazado en diciembre pasado un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo para obtener de copias de estos registros que, según la entidad, "guardarían relación con anotaciones de menores de un modo irregular durante" el régimen.

El tribunal consideró que "pareciera más que justificado el interés" de la organización humanitaria de "querer revisar y estudiar toda esa información pormenorizada y exhaustivamente, para lo cual resulta razonable que cuente con las copias requeridas", precisó el Centro argentino de Información Judicial.

Iud indicó que el fallo también habilita a la asociación humanitaria a acceder a registros del Hospital Militar Central de Buenos Aires y del centro asistencial que funciona en el cuartel de Campo de Mayo, a las afueras de la capital argentina, donde también se sospecha que puede haber datos sobre adopciones irregulares.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la verdadera identidad de casi un centenar de hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

Por iniciativa de la entidad, unos 3.300 jóvenes argentinos han acudido a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para investigar su procedencia, debido a que se calcula que unos 500 bebés fueron robados a sus padres durante el régimen.