Al menos tres recientes encuestas difundidas en estos días revelan que se reduce la popularidad del presidente de la República y que su Gobierno pierde credibilidad. En realidad, la política de confrontación y pelea con todo el mundo pasa la factura. El presidente no ha dado tregua en atacar en términos duros a profesores, estudiantes, universidades, medios de comunicación y periodistas, sectores ecologistas, a la organización indígena y sus dirigentes, entre otros grupos.
Otros elementos que pesan en la percepción negativa de la labor del Gobierno son la crisis económica, que empieza a golpear el bolsillo de los ecuatorianos y, sobre todo, las dificultades para mantener los puestos de trabajo y el temor al desempleo.
En estos dos aspectos, el de la negativa y permanente confrontación y el del manejo de la economía, múltiples sectores de opinión ciudadana han pedido desde hace tiempo rectificaciones al Gobierno.
Una cosa es la necesidad de superar los intereses corporativos y privilegiar el bien común y otra muy diferente, cerrar espacios de diálogo, aislarse de los grupos y movimientos sociales, echar mano de un lenguaje descalficador y agresivo.
En el otro ámbito, el de la economía, pesan los resultados: el Gobierno ha recibido, como ningún otro, extraordinarios ingresos petroleros, pero ¿con qué resultados para la estabilidad, el crecimiento de la economía y la protección contra crisis externas?
No hay un horizonte claro en la conducción económica, ni se generan incentivos ni un ambiente de confianza y seguridad para la inversión privada. La recesión internacional golpea a la economía local, y se agrava el impacto por la orientación en el manejo gubernamental de la economía asignando un papel protagónico al Estado y con prejuicios hacia el sector privado. La factura de mayores costos sociales se traslada al mercado laboral, en el que se sienten los efectos en el aumento del desempleo.
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