El miedo conducirá al silencio

“Por más que yo sepa que en la esquina de mi casa venden droga, no me atrevería a denunciarlo y mucho menos en los medios. Para qué, si va a quedar al descubierto mi identidad y corro el riesgo de que tomen represalias en mi contra. Para eso me quedo callada”.

Ese es el miedo que confiesa Náthaly Méndez, recepcionista de 44 años que atiende un local de lavado en seco en Quito, frente a las dudas que generan los proyectos de ley de comunicación que se debaten en la Asamblea.

El artículo 3, inciso 13, del proyecto del Gobierno, dice que quien se sienta afectado por una información, puede solicitar las grabaciones y documentos con las que se elaboró la nota periodística. ¿El supuesto vendedor de drogas podría acceder al audio en el que Náthaly denuncia su actividad?

Por su parte, César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, indica que aunque los tres proyectos de Ley dicen en su parte declarativa respetar el derecho de reserva de fuente, también dejan la puerta abierta para que ese principio sea vulnerado.

Para Ricaurte, el texto gobiernista además de poner en riesgo a las personas que entregaron la información bajo la reserva de la fuente, también afectaría el trabajo del periodismo investigativo.

“Muchas personas denuncian a condición de que se guarde su identidad, entregan sus documentos siempre que no se cite la fuente. Esa ha sido la forma para que el periodismo pueda develar casos de corrupción”, explica.

Él considera que en la propuesta del Foro de Comunicación es aún más grave. “Dentro del articulado se contempla sanciones en contra de los periodistas si no entregan los documentos. Las implicaciones son graves”, advierte.