El alcance de un sumario

Hoy se ha levantado el secreto del sumario sobre el caso Gürtel  y nadie puede sustraerse a la real obligación de comentar los hechos por ahora presuntamente delictivos, pero también ahora cabalmente sucios que afectan en diversos grados a personas que tienen o han ostentado altas responsabilidades en el partido popular. Todo el universo mediático se está ocupando del asunto con noticias y comentarios, de los que pocos son exculpatorios. Si acaso, se trata de oscurecer la gravedad de los hechos con otros asuntos que afectan al partido socialista, que ya pasó en su momento por filesas y malesas en cuyos casos se llegaron a imputar a una cuarentena de personas y finalmente fueron condenados una docena de ellos.

    También hay que decir que la parte de las diligencias de instrucción que se han hecho públicas no cambia sustancialmente ni la naturaleza ni el contenido del asunto, que sustancialmente se reduce a la financiación irregular del partido popular con episodios singulares de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y otros delitos de la misma rama. El problema puede extenderse y profundizarse si las actuaciones de algunos de los implicados tienen ramificaciones en otros puntos de España, como empieza a destaparse, pero aún es pronto para pronunciarse sobre conductas delictivas.

El alcance de esta situación tiene varios derroteros y distintas repercusiones. Porque es fácil caer en la tentación de reducir el asunto a las consecuencias electorales o al prestigio de algunos líderes o, incluso, a las consecuencias penales. Pues bien: la historia reciente de nuestra democracia demuestra sin apenas excepciones que la comisión de determinados delitos económicos o urbanísticos no incide en los votos del electorado, incluso en casos de condenas firmes. Esta constatación nos indica cual es la moral pública de un sector importante de la sociedad española, dispuesta a pasar por alto o incluso aplaudir los fechorías de sus favoritos. Y es un índice de las repercusiones electorales que pueda tener el asunto.

    Una segunda consideración tiene que referirse a nuestra justicia, que puede salir de todo este embrollo aun más tocada. En efecto, la sorprendente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con base en una no menos peregrina interpretación del cohecho impropio, ha sido recurrida por las acusaciones ante el Tribunal Supremo que indefectiblemente deberá mantener su jurisprudencia sobre el delito imputado a Camps y demás altos cargos, por lo que es más que probable la casación del acuerdo del tribunal valenciano lo que alimentará el bajo nivel de credibilidad que tiene la justicia para muchos ciudadanos.

    Pero la institución más afectada es la propia democracia y los partidos políticos como expresión y cauce de la misma. Hay que reconocer que quizá como consecuencia del franquismo y su proscripción de los partidos políticos, estos no han gozado nunca del favor del electorado. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora una vez olvidado el caso Naseiro es que la corrupción afecta también a personas del partido conservador o muy relacionadas con él, por mucho que sus dirigentes traten de convertir una investigación judicial en la que intervienen numerosos policías, fiscales y magistrados en una persecución organizada desde el gobierno, en la que la vicepresidenta primera daría instrucciones a la fiscalía y Pérez Rubalcaba manejaría los hilos de la policía. ¿Es que piensan los populares que todos los que intervienen en las diligencias están del lado del gobierno?¿ Les parece extraño que una exprofesional de la magistratura como es Mª Teresa Fernández de la Vega conozca o presuponga cuándo el Ministerio Fiscal va a recurrir una resolución judicial? En cualquier caso, hay que probar las acusaciones de connivencia o la conspiración o la parcialidad. No sirve escudarse en estas afirmaciones que carecen de cualquier base para eludir las responsabilidades de determinadas personas o sectores del partido. Rajoy no puede seguir ignorando todo.