La Comisión de Verificación se instala en Honduras

En la Comisión de Verificación participan la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, y el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, en representación de la Organización de Estados Americanos (OEA); Jorge Reina, por parte del derrocado presidente, y Arturo Corrales, por el de facto, Roberto Micheletti.

Lagos dijo a periodistas que el acuerdo implica que el depuesto presidente Manuel Zelaya debe ser restituido.

"Creo que sería hora de implementar un acuerdo que significa que el presidente Zelaya tiene que ser repuesto en el poder y al mismo tiempo asegurar que las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo en una forma democrática el 29 de noviembre", aseguró Lagos.

El enviado de la OEA, Víctor Rico, dijo que la Comisión de Verificación "tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo y los que de él deriven".

Agregó que el grupo de trabajo estará coordinado por la OEA, organismo que ha acompañado el proceso de diálogo entre las comisiones de Zelaya y Micheletti.

Antes de que se instalara la Comisión de Verificación, la junta directiva del Congreso hondureño decidió solicitar a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y la Procuraduría, su opinión sobre la eventual restitución del presidente depuesto, pero sigue sin convocar al pleno del Legislativo.

"La junta directiva del Congreso Nacional decidió que la Procuraduría, que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia brindaran su opinión con carácter urgente, pero sin dar un plazo", explicó el presidente alterno del Congreso, Erick Rodríguez, favorable al regreso de Zelaya.

El órgano directivo del Parlamento se reunió este martes, cuatro días después de haber recibido de las comisiones Zelaya y Micheletti el documento que suscribieron, para que, conforme a lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa-San José, resolviera sobre el regreso al poder del derrocado presidente.

Rodríguez y las vocales Argentina Valle y Carolina Echeverría, disidentes del Partido Liberal, al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti, así como el grupo parlamentario del partido minoritario de izquierda Unificación Democrática consideraron esta decisión como una "maniobra dilatoria" de las autoridades golpistas.

Mientras la junta directiva del Congreso se reunía a puerta cerrada, unos 400 miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado exigieron ante la sede del poder legislativo la restitución de Zelaya.

Lagos también dijo tras incorporarse a la Comisión de Verificación que la misión de ésta es "verificar que estos puntos (del acuerdo) van a ser implementados para crear un Gobierno de unidad nacional y al mismo tiempo, como dice el acuerdo, restaurar las instituciones democráticas al estado en que estaban el 28 de junio", cuando los militares expulsaron a Zelaya del país.

Solís, por su parte, expresó que la Administración estadounidense está dispuesta a "proporcionar cualquier ayuda" que pueda prestar a Honduras.

"El presidente (de EE.UU., Barack Obama), la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y muchos de nosotros en la Administración de Obama vemos esto (la crisis en Honduras) como una prioridad", agregó.

Zelaya considera que si el Legislativo, que según el acuerdo debe decidir su restauración, vota en su contra o incluso si no lo ha restituido para el jueves, cuando debe conformarse un Gobierno de unidad, el pacto quedaría roto.

Sin embargo, el Gobierno de facto asegura que Zelaya, destituido por los diputados el 28 de junio, está obligado a aceptar la decisión del Parlamento, incluso si ésta implica que no vuelva a la presidencia.