Las Cortes iniciarán la próxima semana su adaptación al Tratado de Lisboa

El texto que se someterá a votación es el mismo que los grupos parlamentarios pactaron el pasado mes de marzo tras varias semanas de trabajos en el seno de la Comisión Mixta. Según informaron fuentes parlamentarias, los impulsores de esta iniciativa trabajan con la idea de que la reforma sea un hecho antes de final de año.

   El acuerdo versa sobre el modo en que las Cortes ejercerán el llamado sistema de alerta temprana que prevé el Tratado de Lisboa, por el que los parlamentos nacionales podrán cuestionar una decisión de la Comisión Europea si consideran que ha invadido sus competencias.

   El Tratado de Lisboa refuerza el papel de los parlamentos nacionales en la elaboración de la legislación comunitaria y, aunque no les da poder para sacar la 'tarjeta roja' a una propuesta de la Comisión si podrán utilizar una 'tarjeta naranja'.

   Es decir, no podrán vetarlas, pero si el Ejecutivo comunitario quiere seguir adelante con una iniciativa legislativa que sea rechazada por una mayoría de los parlamentos nacionales, deberá justificarlo mediante un dictamen motivado que tendrá que enviar a la Comisión y el Consejo, que en última instancia podrán tumbar la propuesta.

   La Comisión Mixta para la UE aprobó en marzo el texto elaborado por la ponencia de estudio creada para adaptar la ley 8/1994 de 19 de mayo, que regula el funcionamiento de la citada Comisión, con el fin de adecuarla a las nuevas funciones que el Tratado de Lisboa. Como la Comisión Mixta para la UE no es legislativa, para su aprobación, el texto debe ser llevado al Pleno para su aprobación.

Opinar sobre leyes europeas

   Según ese documento, una vez que el Tratado de Lisboa entre en vigor la Comisión Mixta para la UE tendrá entre sus nuevas competencias la de "recibir de la Comisión Europea y de otras instituciones de la Unión las propuestas de actos legislativos y otros documentos, para su información, examen y seguimiento".

   El Gobierno, además, deberá remitir a las Cámaras "un sucinto informe" sobre el contenido sustancial de aquellas propuestas legislativas que tengan repercusión en España.

   Con el Tratado en vigor, la Comisión podrá emitir en nombre de las Cortes un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad así como solicitar al Gobierno que interponga un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción de dicho principio en el plazo máximo de seis semanas desde la publicación oficial de un acto legislativo europeo

   En este último caso, el Gobierno podrá descartar, de forma motivada, la interposición del recurso de anulación solicitado por alguna de las Cámaras o por la Comisión Mixta para la UE. No obstante, deberá justificar esa decisión con la comparecencia de algún miembro del Gobierno ante la mencionada Comisión, si ésta así lo solicita.

   Según la redacción acordada en marzo, el Congreso y el Senado deberán, "tan pronto reciban una iniciativa legislativa de la UE", remitirla a los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que, en su caso, podrían remitir un dictamen motivado a las Cortes Generales sobre la aplicación del principio de subsidiariedad.