La comisión ocasional de la Asamblea entregó para el primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. El proyecto fue aprobado finalmente solo por los asambleístas del movimiento político del Gobierno, sobre la base de un texto que presentó la última semana la presidenta de la comisión, Betty Carrillo.
A pesar de que en el proceso se anunció la consideración de los tres proyectos presentados, el aporte de una treintena de organizaciones y grupos ciudadanos y de otros asambleístas, terminó por imponerse la voluntad oficial, en una aprobación en pocas horas del 75% de los artículos. Tanto que hasta la asambleísta María Augusta Calle, del mismo grupo oficialista, denunció que no se habían tomado en cuenta 47 artículos sugeridos por ella.
El proyecto, que responde a la voluntad del Ejecutivo de controlar la prensa, ha sido calificado, con toda razón, como de "ley mordaza": si se aprobara, representaría la más grave lesión para la libertad de expresión y de prensa inferida por la legislación del país durante un Gobierno elegido en las urnas.
Entre otros mecanismos de amordazar la libertad de expresión, se crea un Consejo de Comunicación e Información, en el que fácilmente conseguirá mayoría el Gobierno, organismo concebido para vigilar y sancionar a los medios de comunicación y periodistas.
Con el Consejo se crea un tribunal especial, una instancia punitiva expedita para amonestar, multar, suspender y clausurar a los medios de comunicación.
Además, el proyecto impone el registro obligatorio de los medios, y establece que "las direcciones editoriales y la elaboración de la noticia en los medios deberán estar a cargo solo de periodistas profesionales o comunicadores sociales titulados", a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que exigir un título para las personas que intervienen en el proceso de la comunicación es una restricción al derecho a la libre expresión.
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