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Venezuela pide al Consejo de Seguridad que estudie la situación en Colombia

Venezuela pide al Consejo de Seguridad que estudie la situación en Colombia

miércoles 25 de noviembre de 2009, 22:00h
Venezuela pidió este miércoles, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que incluya en su agenda el examen del "grave conflicto armado que vive Colombia, que constituye una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales". El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, explicó que esa petición se debe a que el conflicto "ha dejado más de cien mil muertos" y Venezuela ha sido uno de los países más afectados, con "cerca de cuatro millones de desplazados y refugiados colombianos recibidos a lo largo del conflicto".

"Venezuela ha sufrido sistemáticamente la violencia en su frontera, a través del narcotráfico, el paramilitarismo, el secuestro y el sicariato", señaló Valero, durante una conferencia de prensa en la que invocó la Resolución 1894 del Consejo de Seguridad de la ONU para que ese órgano estudie el caso colombiano.

Caracas respondió así a la queja presentada recientemente por Colombia ante el Consejo de Seguridad, en la que aseguraba haber recibido "amenazas" por parte de su país vecino, y afirmó que el Gobierno del presidente Hugo Chávez "proclama su adhesión absoluta a la paz".

En la nota que remitió al Consejo el pasado 11 de noviembre, Bogotá expresó su preocupación por "las amenazas de Venezuela" sobre "el uso de la fuerza en contra de Colombia y otros aspectos sensibles", después de una intervención de Chávez en la que pidió a los venezolanos que se preparen "para la guerra".

El presidente venezolano matizó después que sus palabras eran parte de una reflexión basada en el adagio latino "si vis pacem, para bellum" (si quieres la paz, prepara la guerra) y atribuyó a "una manipulación mediática" el que fuera entendida como un llamamiento a la confrontación entre ambos países.

"Colombia y Estados Unidos quieren la guerra, mientras que Venezuela quiere la paz", subrayó Valero tras presentar la petición al presidente de turno del máximo órgano de decisión de la ONU, el austríaco Thomas Mayr-Harting, y después de informar de la misma al titular de la Asamblea General, el libio Ali Abdussalam Treki.

Para Venezuela, el convenio militar firmado entre Bogotá y Washington, que prevé el uso de siete bases colombianas por tropas estadounidenses, supone "la pérdida de soberanía de Colombia" y constituye "una amenaza para la seguridad regional", dijo en la ONU el embajador.

"La grave situación que vive Colombia se agrava con la instalación de las siete bases militares de Estados Unidos en su territorio", añadió Valero, quien pidió así a ambos países que echen marcha atrás en el acuerdo sobre las bases.

Según las autoridades venezolanas, una situación "tan dramática como la que vive Colombia, que tiene un impacto tan grande", debe someterse a estudio en el Consejo de Seguridad "con la esperanza de que el conflicto se solucione mediante el diálogo político".

"El conflicto interno colombiano no tiene una solución militar, sino política. Insistir en una estrategia militar a través de la instalación de bases estadounidenses en Colombia solo extenderá el sufrimiento causado por la guerra y amenazará la paz y la seguridad en la región y en el mundo", insistió Valero.

En su opinión, las siete bases están orientadas a "proyectar el poder global de una potencia (Estados Unidos) que pretende disuadir bajo la amenaza de intervenciones militares a países que mantienen posiciones críticas en relación a su política imperialista".

"El Gobierno de Álvaro Uribe ha dado muestras reiteradas de su vocación guerrerista. Contando con el apoyo tecnológico y militar de Estados Unidos invadió el territorio de Ecuador en marzo de 2008", señaló el embajador, quien denunció que en suelo colombiano se producen "violaciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional y de los derechos humanos".

Valero defendió, asimismo, la destrucción la semana pasada por parte de Venezuela de dos "pasarelas fronterizas" que consideraba "ilegales", ya que no se trataban de "puentes binacionales" y porque se utilizaban "para el tráfico de drogas y el contrabando".

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