El Gobierno crea el primer 'cementerio de CO2' de España en el subsuelo de Asturias

Este viernes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que declara, en la zona denominada Asturias Centro, una zona de reserva provisional a favor del Estado para su explotación como estructura subterránea susceptible de acoger un almacenamiento de CO2. Se trata de una medida complementaria a la aprobación del proyecto de Ley de almacenamiento geológico de carbono.

Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la rueda de prensa del Consejo que dio luz verde a la transposición de la directiva europea para enterrar de CO2 como nuevo instrumento para luchar contra el cambio climático.

"Con este proyecto damos un nuevo paso hacia el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por ciento en 2020, que se elevará a un 30 por ciento en caso de un acuerdo internacional equitativo en esta materia", explicó.

   De la Vega señaló que España se incorpora al ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en la Directiva Europea 2009/31/CE adaptándola a la realidad industrial, geológica y energética del país y se establece la base jurídica para que este almacenamiento se realice en condiciones "absolutamente seguras" para el medio ambiente. De este modo sientan las bases jurídicas de la actividad de almacenamiento geológico en España y las previsiones puntuales en materia de captura y transporte en condiciones seguras para el medio ambiente.

Captura y almacenamiento geológico

   El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU ya señaló que será necesaria una combinación de opciones tecnológicas de mitigación para lograr las reducciones necesarias y, en concreto que la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) sería una "opción apropiada" para los países que tienen un número considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, acceso a lugares de almacenamiento y experiencia en actividades con petróleo y gas, y que necesitan cumplir sus objetivos de desarrollo en un entorno en el que el carbono está restringido.

    El almacenamiento subterráneo de CO2 responde a la urgencia que experimentan los países industrializadas para intentar frenar los efectos del calentamiento global. La captura del dióxido de carbono de las emisiones de las industrias y con su presurización hasta que se licue, los científicos podrían inyectarlo a los acuíferos subterráneos, los depósitos de gas o los huecos entre los estratos rocosos, manteniéndolo así lejos del aire. Las preocupaciones en seguridad deben tenerse también en cuenta, para asegurarse que los terremotos o las fisuras en las rocas no permitan una liberación repentina de toneladas de CO2 a la atmósfera. El Grupo de Expertos intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU estima que cuando se almacene de forma correcta, el 99% del dióxido de carbono permanecería estable probablemente durante casi un milenio.

A principios de año el Estado reservó once emplazamientos de distintas superficies por todo el país como futuros emplazamientos herméticos para almacenar a más de 1.000 metros de profundidad las emisiones de dióxido de carbono de centrales térmicas, según informaba El País. Los lugares elegidos fueron cuatro en la plataforma continental del Cantábrico, frente a los municipios de Llanes y Buelna (Asturias), Suances (Cantabria) y Mundaka (Vizcaya); otro en la bahía de Huelva; y el resto en tierra firme en las cercanías de Colmenar Viejo (Madrid), Guardo (Palencia), La Tumba (Zaragoza), Eljuive (Teruel), Tomelloso (Ciudad Real) y La Murada (Alicante).


Aspiraciones de la UE

   En este contexto, el Gobierno menciona la adopción del Paquete Energía y Cambio Climático de la Unión Europea con el que los Veintisiete cumplirán el compromiso asumido por los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios en marzo de 2007, por el que se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento respecto al año base, en el año 2020, compromiso que se eleva a un 30 por ciento en caso de que se alcance un acuerdo internacional equitativo en esta materia.

   Además, recuerda que la UE ha apostado por la captura y el almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. Esta tecnología consiste en captar el dióxido de carbono que emiten las industrias, transportarlo a un emplazamiento de almacenaje y posteriormente inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vista a su almacenamiento permanente.

   La Ley se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de CO2 y únicamente contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte. De este modo, las futuras instalaciones se someterán a la normativa sobre control integrado de la contaminación, por lo que necesitarán obtener la correspondiente autorización ambiental integrada, y quedan sujetas también a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental. Del mismo modo, por lo que se refiere al transporte, se contempla que las redes de transporte por tubería deban someterse a declaración de impacto ambiental.

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