La garantía de 6.000 hectómetros cúbicos de agua, clave para encarrilar definitivamente la aprobación en el Congreso del Estatuto

La ponencia ha sido convocada por la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para tratar de desbloquear la negociación de un proyecto que lleva estancado desde el mes de febrero por las discrepancias entre socialistas y populares por la cuestión del agua y el rechazo que las aspiraciones castellanomanchegas despiertan en las comunidades levantinas.

El PSOE, a través de su diputado por Toledo Alejandro Alonso, ha recalcado que ahora es el PP el que "tiene la palabra" y debe decir "si le parece conveniente darle a Castilla-La Mancha lo mismo que ha aceptado para Aragón".

La propuesta en cuestión, que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, del Gobierno de Castilla-La Mancha y del PSOE, consiste en fijar la prioridad de Castilla-La Mancha en el uso del agua que discurre por su territorio y en establecer una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos de agua que garantice el abastecimiento presente y futuro.

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha eludido pronunciarse sobre esta propuesta, pero ha manifestado que su partido no se cierra a ninguna solución, siempre y cuando no sea "un brindis al sol", sino una fórmula beneficiosa para la comunidad autónoma y que le garantice "agua en cantidad y calidad".

En Madrid, la consejera de Economía y vicepresidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Luis Araújo, ha afirmado que el Gobierno autonómico confía en sacar adelante la reforma del Estatuto porque garantiza las necesidades de sus ciudadanos en materia de agua y ha dejado claro que este Ejecutivo desea un acuerdo.

Sin embargo, también desde Madrid, la secretaria general del PP y presidenta del partido en esa comunidad, Dolores de Cospedal, ha admitido en rueda de prensa que por ahora "no hay acuerdo". Los socialistas aseguran que les hubiera gustado llegar a un acuerdo con el PP previo a la reunión de la ponencia.

Pero ante la ausencia de respuesta por el principal partido de la oposición, ven con buenos ojos que se aceleren los trabajos sobre una propuesta que fue aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha hace casi tres años, en enero de 2007.

Posible aprobación el primer trimestre de 2010

Si hubiera acuerdo en la ponencia, el texto consensuado sería incorporado al dictamen; de lo contrario, la Comisión Constitucional debatirá las enmiendas que en su momento presentó cada formación política.

Ello no ocurrirá hasta el próximo período de sesiones parlamentarias, que arrancará a partir de febrero, por lo que la reunión de mañana es la última oportunidad que tienen las dos fuerzas políticas de pactar la reforma antes de que acabe el año.

Según los cálculos realizados por Alejandro Alonso, si el PP aceptara la propuesta socialista, la tramitación del texto se aceleraría en el Congreso y la reforma estatutaria podría estar aprobada en el primer trimestre del año que viene