Las premisas que inspiran las últimas deliberaciones entre magistrados progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional y que buscan una mayoría suficiente para desatascar la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, se basan en que la única nación es la española. Cataluña no lo es ni puede tener símbolos nacionales, salvo que se vinculen a la nacionalidad catalana y no al término nación.
En esta línea, se intentaría mantener la literalidad de que los “símbolos nacionales” de Cataluña del artículo 8.1 del Estatuto son la bandera, la fiesta y el himno, pero dejando claro que se trata de símbolos de una “nacionalidad”, tal como se define a Cataluña en el Estatuto y en la Constitución. El texto, según desvela este domingo el diario
El País, también haría hincapié en que la referencia a “Cataluña como nación” no implicaría en ningún caso la equiparación a la nación española.
Por primera vez empieza a vislumbrarse entre los dos bloques ideológicos la voluntad de cerrar las deliberaciones y alumbrar la decisión sobre el recurso del PP, que lleva más de tres años en el Tribunal Constitucional. La próxima convocatoria del pleno es para el 11 de enero, pero antes se celebrarán reuniones para aproximar y, quizás, cerrar acuerdos que podrían ser posibles este mismo mes de enero.
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Lo que piensan los ciudadanos
Por otra parte, según una encuesta publicada en
La Vanguardia, el divorcio entre Cataluña y el resto de España a cuenta de la sentencia del Constitucional es cada vez más rotundo. Mientras el 61% de los españoles cree que el Alto Tribunal “tiene la obligación” de recortar el Estatuto “si entiende que no se ajustará a la Constitución”, idéntica proporción de catalanes rechaza cualquier recorte de un texto que “ha sido aprobado por el Parlament de Cataluña y por las Cortes y revalidado en referéndum”. De hecho, en el conjunto de España sólo apuestan por respetar la integridad del Estatuto un 23% de los consultados. En cambio, uno de cada cuatro catalanes admite que el Constitucional recorte el texto estatutario si entiende que incurre en inconstitucionalidad.
Las posiciones a favor del recorte en caso de inconstitucionalidad son mayoritarias entre los votantes de todos los partidos estatales, aunque con algunos matices. Por ejemplo, un 93% de los electores del partido de
Rosa Díez UPyD, y un 72% de los del PP se muestran partidarios de retocar el Estatuto. En cambio, esa tasa cae al 63% entre los votantes de IU/ICV y al 55% entre los del PSOE. Asimismo, mientras sólo un 13% de los electores populares se muestra a favor de respetar el Estatuto, ese porcentaje se acerca al 30% entre los votantes socialistas y los de Izquierda Unida.
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