Me alegra que
Juan José López Uralde, director de Greenpeace España haya sido puesto en libertad junto con la noruega
Nora Christiansen, el suizo
Christian Schmutz y el holandés
Joris Thijssen tras pasar 21 días en prisión preventiva por colarse en la cena de jefes de Estado y de Gobierno ofrecida por la reina Margarita durante la Cumbre del Clima en Dinamarca. Es una buena noticia que personas de bien, que no han cometido ningún hecho violento estén libres, pero ése no es el objeto de mi comentario hoy aquí.
Según ha declarado el embajador de España en Dinamarca,
Melitón Cardona los daneses tienen una dureza extraordinaria en ejecutar sus leyes sin contemplaciones, aunque nadie puede dudar de su reputación como país democrático y respetuoso con los derechos humanos.
No sé si estamos acostumbrados a que en España se apliquen criterios de flexibilidad, conveniencia u oportunidad a la hora de aplicar las leyes, pero no debemos olvidarnos de que cada país es soberano para dotarse a sí mismo de las reglas de comportamiento dentro de su territorio y por lo tanto le asiste el derecho y la obligación de cumplir hacer cumplir sus leyes. El escándalo que se ha montado en España con este suceso tiene mucho que ver con la vena ocasionalmente patriótica que nos surge cuando hay que hacerse solidario con uno de los nuestros, pero lo que Uralde y sus compañeros activistas de Greenpeace hicieron, según las leyes danesas fueron
“suplantación de un cargo público, falsificación de matrícula diplomática y allanamiento de morada" con la agravante de que se trataba de una sede de la corona de Dinamarca y estaba presente la reina de aquel país.
Aquí en España no habría ocurrido nada o casi nada porque en nuestro país las leyes no siempre están para ser cumplidas, o como llegó a decir el fiscal general del estado, a veces deben adecuarse a las circunstancias políticas, pero es muy recomendable antes de incumplir alguna ley de otro país, informarse de cómo se las gastan allí.