El PP ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el presunto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza, que estudie la posibilidad de sancionar al PSOE -que ejerce la acusación popular en este caso- al haberse "conculcado" las reglas de la buena fe procesal, tanto con el recurso de reforma planteado como con las manifestaciones vertidas en la comparecencia celebrada el pasado día 23 de diciembre.
Así lo solicita el letrado del PP en el escrito de alegaciones que elevó al Juzgado dirigido por Mercedes Alaya en el mismo contra los recursos de reforma presentados tanto por el PSOE como por los imputados en esta causa, como son el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, los ex directivos del mercado central Fernando Mellet y Antonio Ponce, y la funcionaria Regla Pereira.
De esta forma, en el escrito de alegaciones contra el recurso de reforma presentado por el PSOE, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo popular considera "sorprendente" que, como acusación popular, "tenga que formular alegaciones contra otra acusación popular ejercida por un partido político que, en declaraciones públicas, manifiesta que va a ejercer la acusación 'caiga quien caiga', pero que cuando llega al Tribunal se convierte en una defensa más de algunos de los imputados, circunstancia ésta que constituye un llamativo fraude procesal".
En este sentido, añade que "existen suficientes indicios de criminalidad" para continuar la instrucción contra todas las personas imputadas "y algunas otras", como son el entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora en el cargo, María José Lara González.
PETICIÓN DE NUEVOS IMPUTADOS
De esta forma, el letrado que representa al grupo popular solicita que se impute a Mellet, Ponce, Pereira, Rivas, Fuentes Doblado y Lara González de un presunto delito de cohecho; a Mellet, Rivas, Fuentes Doblado y Lara González de un presunto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, y a estos tres últimos, también por un presunto delito de prevaricación, todo ello "sin perjuicio de poder imputar a otras personas una vez se acredite en las actuaciones su participación directa en los hechos delictivos".
Tras remarcar que "lo verdaderamente cierto es que, en el presente proceso, la juez ha sido hasta más rigurosa de lo que la Ley le exige y que la decisión de encauzamiento procedimental encuentra justificación más que sobrada", pone de manifiesto que en el presente caso "unos funcionarios públicos -Mellet, Ponce y Pereira-, por propia iniciativa y a instancias de otro funcionario público –Rivas-, solicitan una recompensa para la Junta, tras haberse otorgado una subvención excepcional por el consejero de Empleo a propuesta de la directora general de Formación para el Empleo".
En esta línea, señala que ello se llevó a cabo "mediante la adulteración del mecanismo legalmente establecido para el otorgamiento de subvenciones, abusando del sistema de adjudicación directa", y considera "evidente" que la "recompensa" se solicitaba "para la Junta, administración que había otorgado la subvención y que para su consecución había realizado múltiples gestiones Antonio Rivas".
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