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El Gobierno pide calma

De la Vega habló sobre la polémica de la inmigración

De la Vega habló sobre la polémica de la inmigración

viernes 22 de enero de 2010, 16:35h
Para De la Vega  "Es un debate oportunista y malintencionado"

El Ayuntamiento de Vic ha dado marcha atrás con su polémica propuesta de no empadronar a los inmigrantes 'sin papeles' tras el toque de la Abogacía del Estado, pero ha logrado abrir un espinoso debate "oportunista y malintencionado", según lo ha calificado la propia vicepresidenta primera del Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. De la Vega ha intentado poner calma alrededor del asunto y ha recordado que sólo con la crisis hay un 56% menos de empadronamientos.

La vicepresidenta, De la Vega, se ha referido al tema de la inmigración y ha defendido la obligación legal del empadronamiento ya que su función es única y exclusivamente la de "conocer la población que hay en España" y ha recordado que la lucha contra la inmigración ilegal va por los cauces de las políticas de integración y expulsión. Unas medidas que no son incoherentes, según la vicepresidenta, porque "son normas que cumplen funciones diferentes y no son normas incompatibles". Además, ha considerado que se trata de un "debate oportunista y malintencionado", ya que "la mayor parte de los inmigrantes están en situación legal y trabajan en España".

    En cuanto al problema de los recursos del Estado concedidos a la inmigración ha recordado que ahora mismo hay un 56% menos de inmigrantes empadronados por la crisis y que el Gobierno "se ha caracterizado por promover políticas sociales", "hemos establecido un fondo de integración de inmigrantes". No obstante, tal y como reflejábamos en nuestro Diario e-Xclusivo "Zapatero ha reducido las transferencias a las comunidades autónomas para la realización de acciones a favor de los inmigrantes en un 46,49 %".

    La vicepresidenta ha hecho alusión a la necesidad de abordar la ley de Extranjería en un marco comunitario para lograr el máximo consenso europeo sobre el asunto y paralelamente anunciaba una prórroga para el plazo de nacionalización de hijos de españoles o nietos de represaliados por el franquismo avanzando que hasta ahora se han recogido 160.000 solicitudes, la mayor parte procedentes de España y Latinoamérica.
 

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