Inicia carnaval de acusaciones ad-portas de elecciones al Congreso

Vargas Lleras reveló, por ejemplo, que negó “decenas de avales” porque los posibles aspirantes estarían relacionados con grupos armados ilegales, a quienes ha visto en listas de otros partidos al Senado y la Cámara de Representantes.

“Tomamos la decisión de que no vamos a competir por tener el mayor número de parlamentarios, porque entendemos que es más beneficioso tener pocos pero que sean los mejores. Nuestra política es de menos cantidad por más calidad”, sostuvo.

Así mismo, el candidato de Cambio Radical denunció que a aspirantes que él no recibió por sus vínculos con grupos al margen de la ley los recibieron en otros partidos, principalmente uribistas.

Sin embargo, al ser preguntado por los nombres de los candidatos a los cuales se les negó dicho aval, el aspirante presidencial prefirió no mencionarlos y enfatizó: “Suficiente castigo tienen con que no hayan podido ingresar a Cambio Radical”.

“Hemos tomado la decisión, no sólo de solicitarles a los candidatos lo que tradicionalmente se hace para dar los avales, sino que de las listas de Cambio Radical no hará parte ninguna persona que haya sido condenada, ni sus familiares, o tengan investigaciones en curso”, agregó Vargas Lleras.

Según se ha conocido, la preocupación sobre la supuesta financiación ilegal de campañas tiene que ver, principalmente, con lo que está sucediendo en regiones como la Costa Atlántica y los departamentos de Santander, Valle y Tolima, donde se habla de inversiones desmedidas en publicidad y compra de líderes políticos.

Para el senador liberal y candidato Juan Manuel Galán, partidos que estuvieron involucrados en la parapolítica y que recientemente cambiaron de nombre, como el PIN (Partido de Integración Nacional, antiguo Convergencia Ciudadana) y ADN (Alianza Democrática Nacional, antes Colombia Viva), tienen grandes cantidades de dinero para comprar dirigentes y concejales con buen caudal electoral. “Las versiones indican que esos dineros provienen del narcotráfico”, indicó.

Por su parte, el candidato liberal Rafael Pardo denunció el apoyo que están recibiendo candidatos uribistas a través de convenios de entidades públicas para financiar sus campañas.

 “Hace cuatro años todos hablábamos de apoyos del paramilitarismo a las campañas y nadie hizo nada. Hoy todos saben lo que está pasando con los dineros de entidades del Estado y quienes tienen que prevenir e investigar no lo están haciendo. Estamos frente a un futuro escándalo político más grave que el proceso 8 mil o la parapolítica”, afirmó.

Según Pardo, la decisión que tomó el Uribe de cancelar la transmisión de los consejos comunales es un saludo a la bandera: “Estamos en un estado de bobería colectiva en el que tenemos que agradecer que el Gobierno cumpla la ley. Los uribistas están recibiendo apoyo a través de convenios que hacen del Fondo manejado por el Ministerio de Interior, FONSECON, o Acción Social y distintas entidades públicas para adjudicar contratos a amigos de ellos para que les financien las campañas".

“El Presidente no quiere dar la única garantía que importa: que no se roben al Estado para financiar campañas”, concluyó.