OPINIÓN/ Victor GIJÓN
miércoles 25 de abril de 2007, 16:46h
Actualizado: 19 de septiembre de 2007, 18:32h
Ignoro a estas altura si Zapatero hablará o no del Tren de Alta Velocidad en su mitin del 15-M. Como ignoro si Ignacio Diego va a ir al notario, como le pide mi buen amigo Carlos Magdalena, para certificar que, en ningún caso le dará la presidencia a Revilla, si fuera menester y los votos del 27-M marcan ese camino.
Ignoro a estas altura si Zapatero hablará o no del Tren de Alta Velocidad en su mitin del 15-M. Como ignoro si Ignacio Diego va a ir al notario, como le pide mi buen amigo Carlos Magdalena, para certificar que, en ningún caso le dará la presidencia a Revilla, si fuera menester y los votos del 27-M marcan ese camino.
Lo que si sé es que de aquí al último domingo de mayo, fecha en que los cántabros y cántabras elegiremos a nuestros representantes autonómicos y municipales, todos los partidos harán todo lo posible por colocarse en la pole position, en la posición de cabeza, para poder disputar la verdadera carrera que será la del día siguiente, cuando se negocien, acuerden o pacten las presencias en las distintas instituciones.
Que todos lo partidos salen a ganar, es obvio. Pero igualmente resulta de una obviedad estadística indudable que, al menos en el Parlamento, no es Cantabria tierra de mayorías absolutas. Por eso importa mucho el resultado del 27-M. Pero por cómo ese resultado permite la negociación al día siguiente de las elecciones.
Y aquí es pertinente una primera reflexión: la legalidad de los pactos o acuerdos, sea cuales sean los términos en que se den, siempre que se haga de forma publica y con objetivos compartidos con la opinión publica, como hicieron hace cuatro años Lola Gorostiaga y Miguel Ángel Revilla.
Otra cosa es que la forma en que se concrete ese pacto o acuerdo pueda generar críticas políticas por los que se quedan fuera. Criticas sí, pero descalificación no. El pacto de las últimas elecciones autonómicas del PSOE y PRC es tan legítimo como el que en las dos legislaturas anteriores mantuvieron regionalistas y PP.
Que de resultas del primero saliera Revilla, líder del tercer partido en votos, convertido en presidente, es igualmente legítimo. Como legítimo fue que Manuel Huerta, del PP, siendo el tercero en votos en las elecciones municipales de 1991 se quedara con la alcaldía de Santander en detrimento del ganador de las elecciones, el socialista Juan José Sota, o del segundo más votado, el líder de la UPCA, Juan Hormaechea, que, a cambio, obtuvo el apoyo del PP para volver a presidir Cantabria, a pesar de que tan sólo seis meses antes había ayudado a sacarlo de la presidencia con su voto favorable a la moción de censura presentada por el PSOE.
Nadie entonces acusó a Huerta de ser un alcalde ilegítimo, algo que Revilla ha tenido que escuchar de boca del PP en múltiples ocasiones a lo largo de esta legislatura. Por eso más que escuchar repetidas confesiones del tipo de "yo no pactaré…", "yo no daré…", sería mucho más pedagógico que todos los partidos, y en primer lugar el PP que sigue sembrado dudas sobre la validez de las elecciones de hace cuatro años en Cantabria y de hace tres en España, reconocieran públicamente que respetarán los acuerdos que se alcancen después de las elecciones, en libre decisión de las fuerzas políticas representadas en las instituciones.
Para que no haya nuevos Martínez Sieso y editorialistas de diarios locales conservadores que vayan pidiendo la repetición de las elecciones porque el resultado no fue el que esperaban.