Reforma de pensiones y plan de austeridad, un Consejo de Ministros 'económico'

 El Consejo de Ministros aprobará este viernes un plan de austeridad que implicará un recorte del gasto del Estado de 50.000 millones de euros desde 2010 a 2013, pero que no afectará a las partidas presupuestarias relativas a pensiones, desempleo, dependencia y educación, según fuentes de La Moncloa.

   Con este plan de austeridad, elaborado "durante las últimas semanas" por el equipo económico del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo pretende reducir el déficit público, previsiblemente superior al 10% del PIB en 2009, y cumplir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea con vistas a 2013 (3% del PIB).

   Fuentes del Gobierno concretaron que, además del esfuerzo que se hará dentro de la Administración General del Estado, se propondrá al Consejo de Política Fiscal y Financiera un "acuerdo marco" para que las comunidades autónomas "adopten medidas contra el déficit". El acuerdo persigue también el compromiso de que "verifiquen esas medidas y rindan cuentas periódicamente".

   El Consejo de Ministros aprobó en noviembre el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que, entre otras medidas, estipulaba un periodo de tiempo de seis meses para que el Gobierno presentara un plan de austeridad que redujera el gasto público y, de esta forma, cumplir con lo aprobado por la UE.




Reducción del 1,5 al año

   A la espera de conocer los detalles del plan, fuentes del Gobierno apuntan que contemplará un recorte anual del déficit, de al menos, el 1,5% del PIB, y que ello se conseguirá, por un lado, mediante una reducción del gasto público y, por otro lado, por la recuperación de los ingresos en línea con la mejora progresiva del crecimiento económico, pero no por la vía de nuevas subidas de impuestos.
   Previsiblemente, el plan conllevará una revisión de organismos y estructuras públicas, y podría recoger un "esfuerzo de contención" del gasto en el capítulo de retribuciones salariales de los empleados públicos, que suponen una partida "muy importante".

Momento justo

   El Gobierno defiende que este plan se aprueba "en el momento justo", con el fin de "apuntalar" el crecimiento económico que se pretende "impulsar" con la Estrategia de Economía sostenible, y que éste crecimiento "sea real" y sea de verdad "sostenible".

   Para el Ejecutivo, es un plan "valiente" porque "concreta exactamente cuánto dinero y en qué partidas se aplica", "no como hizo el PP que a pesar de reiteradas peticiones nunca ha concretado que partidas recortaría", según fuentes del Palacio de la Moncloa.



   El Gobierno asegura que el plan respetará "la premisa básica" de que las consecuencias de la crisis "no las pagarán los más débiles porque no han sido ellos quienes las han provocado", de manera que "no habrá recorte ni en pensiones, ni en prestaciones por desempleo, ni en dependencia".

   Tampoco se recortarán las inversiones en Educación y en I+D+i, según Moncloa, "en absoluta coherencia con el cambio de modelo económico que recoge la Estrategia de Economía Sostenible".

   Desde los sindicatos ya se han dejado oír las primeras discrepancias. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, alerta de que el plan de austeridad puede ser "contraproducente" y aseguró que "si se reduce la inversión productiva, se generará más paro".



Reforma de las  pensiones


   A tenor de algunas declaraciones realizadas por miembros del Ejecutivo en los últimos días y semanas, las recomendaciones del Gobierno en materia de pensiones podrían incluir el incremento escalonado de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años.

   La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en unas declaraciones a TVE realizadas el pasado mes de diciembre, se mostraba partidaria de retrasar la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, aunque de manera progresiva y gradual.

    Salgado no quiso entonces hablar de ninguna edad límite, aunque puso como ejemplo de esta medida Holanda, donde la edad ordinaria de jubilación es de 67 años. La vicepresidenta económica señaló entonces que cuando la Comisión del Pacto de Toledo lo decida, sería "razonable" ir aumentando la edad de jubilación gradualmente y ser al mismo tiempo "muy exigente" con las prejubilaciones.

   Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dejó claro ayer desde Barcelona que no se contempla retrasar la edad de jubilación desde los 65 a los 70 años. Todo apunta a que la propuesta del Gobierno será algo intermedio y que finalmente planteará subir la edad de jubilación dos años, desde los 65 a los 67.

   Lo que sí parece claro a la luz de las declaraciones de Salgado y Corbacho es que una medida como el retraso de la edad de jubilación, de aprobarse, debería ir acompañada de iniciativas para limitar las prejubilaciones a edades próximas a los 50 años.

   El Gobierno defiende que España tiene mucho margen por delante para reformar su sistema de pensiones debido a que su población es más joven que las de otros países europeos por causa de la inmigración, a que la edad efectiva de jubilación en España es de las más altas de Europa (63 años y 10 meses), y a que la esperanza de vida también es mayor que en otros países europeo.

   Las propuestas del Gobierno en materia de pensiones se trasladarán posteriormente a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, que está elaborando también sus propias conclusiones, y a los agentes sociales.



Rechazo sindical
   

Cuando la ampliación de la edad de jubilación saltó al debate público, CC.OO. y UGT expresaron su rechazo a extender ésta más allá de los 65 años actuales, llegando incluso a decir el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, que esta medida sería un "disparate".

   Los sindicatos defienden, en cambio, el concepto de "jubilación flexible" y creen que España todavía dispone de mecanismos "suficientes" para fomentar esta figura, que permite optar "voluntariamente" por anticipar o posponer la edad de jubilación con la aplicación de los consiguientes coeficientes de penalización o bonificación, "pero sin que en ningún caso exista obligación legal de aumentar la edad ordinaria de jubilación".

   En todo caso, desde CC.OO. y UGT han insistido al Gobierno en la necesidad de que cualquier reforma que pretenda acometerse en el sistema de pensiones sea fruto del acuerdo en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo.



   CEOE, por su parte, es más favorable a ampliar la edad de jubilación. Su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se mostró el miércoles partidario de retrasarla y aproximarla a los 70 años (límite ya descartado por el Gobierno), aunque consideró "bastante razonable" el límite actual, fijado en 65 años.

   Díaz Ferrán subrayó éste es uno de los temas que hay que poner encima de la mesa porque "gracias a Dios" la gente cada vez vive más. Además, consideró que lo más importante es que, partiendo del actual límite de los 65 años, la gente no se jubile a los 55 años. "Hay que buscar soluciones en los dos sentidos", añadió.