“El Gobierno Nacional, debería ocuparse de dar soluciones al grave problema eléctrico que enfrentamos en Venezuela, en lugar de seguir insistiendo en acabar con la propiedad privada, tomando a diestra y siniestra comercios, tierras y empresas que no muestran ningún resultado eficiente una vez que pasan a manos del Estado”, afirmó Álvarez.
Señaló que "hoy en día nos encontramos con que el Gobierno no puede ver una finca productiva o atractiva porque inmediatamente procede a confiscar".
Álvarez lamentó toda la situación que se ha planteado y que “se persiga terminar de borrar de un plumazo la libre competencia, la propiedad privada y además acabar con los derechos fundamentales de los individuos como la defensa y el debido proceso”.
Según Álvarez, el gobierno no cumple con lo que establece la Constitución en caso de expropiaciones, por lo que a su juicio existe riesgo para la propiedad privada. “Sentimos que todo estamos amenazados y esto no es un eufemismo. Cuando se puede expropiar un edificio, una finca, un vehículo, cualquier tipo de bien, cualquier medio de producción, nadie estará seguro en Venezuela”.
Los empresarios solicitarán ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Además, acudirán a los organismos internacionales porque consideran la violación de las disposiciones legales.
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