El texto pactado entre el grupo conservador del Partido Popular Europeo (PPE), liberales y euroescépticos trata principalmente del cierre del canal privado RCTVI y las manifestaciones que se desencadenaron por esa decisión y será debatido y votado mañana en Estrasburgo (noreste de Francia).
Estas fuerzas reclaman a las autoridades venezolanas que den marcha atrás respecto al corte de emisiones de la cadena, muy crítica con el Gobierno de Chávez.
En el documento, se recuerda al Ejecutivo venezolano “su obligación de respetar la libertad de expresión y de opinión y la libertad de prensa”, conforme a la Constitución y los tratados internacionales de los que es firmante.
Además, se denuncia el “giro hacia el autoritarismo del Gobierno del presidente Hugo Chávez, cuyas acciones son movimientos hacia el debilitamiento de la oposición democrática y la restricción de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
El cierre de RCTVI y otras acciones son “medidas diseñadas para obtener el control y amordazar a los medios”. En opinión del centroderecha de la Eurocámara, el cierre de RCTVI y otras acciones son “medidas diseñadas para obtener el control y amordazar a los medios” en un país que, según recuerdan citando un informe de Transparencia Internacional, está considerado como uno de los “más corruptos del mundo”.
Además, expresa su consternación por la muerte de dos estudiantes en las manifestaciones que siguieron a la clausura del canal y por “el clima de inseguridad y los niveles de crimen y violencia que han convertido a Venezuela y su capital, Caracas, en uno de los lugares más peligrosos del mundo”.
El texto sigue la línea crítica con Chávez que el Parlamento Europeo ya ha empleado en otras ocasiones en las que censuró acciones del Gobierno venezolano.
La unión de conservadores, liberales y euroescépticos cuenta, a priori, con una mayoría cómoda en la Eurocámara, por lo que la resolución tiene muchas opciones de ser aprobada y convertirse en un pronunciamiento oficial de la institución.
El asunto será tratado durante el tiempo que el Parlamento reserva habitualmente en el final de sus plenos a las cuestiones de derechos humanos.
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