No hay carpetazo para el chivatazo dado desde fuentes policiales o judiciales, que eso es lo que se debate e investiga, a dirigentes etarras responsables de los casos de extorsión. La petición del juez Garzón de que se archivara de una vez el asunto, ha recibido un no rotundo, toda vez que la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez que reactive la investigación y practique una serie de diligencias que pidieron las acusaciones particulares y a las que el magistrado se había negado.
Entre las pruebas que deberá realizar el magistrado está solicitar a Francia el tráfico de las llamadas que efectuó uno de los presuntos responsables del aparato de extorsión de la banda,
Joseba Elosúa, y que se tome declaración a tres policías que participaron en el operativo en el que se le detuvo. Asimismo, la Sala, en un auto que ha redactado el magistrado
Enrique López, ordena que se le reclame a Francia el contenido de los pinchazos telefónicos que se le realizaron a
José Luis Cau Aldanur, otro de los responsables del aparato de extorsión de la banda, para averiguar con quién entabló contactos. La sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, "hechos que, de ser realizados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España".
Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -
Ángel Hurtado,
Julio de Diego y del ponente, el citado López- tomaron esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado. En concreto, Garzón había rechazado un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas, destaca la negativa del magistrado a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional, alegando que "los funcionarios asignados a esta investigación ya han realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable". La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía
Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector
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de Vitoria.
Es decir, que el asunto seguirá en fase de investigación, tal vez hasta que se logre algún dato nuevo que, finalmente, centre sus sospechas y logre demostrar la inculpación de una persona concreta en este feo asunto, del que se vienen ocupando algunos medios informativos desde hace varios años. Suele recordarse que los hechos se produjeron en un clima muy distinto al actual, de persecución sistemática y eficaz contra ETA y sus ramificaciones. Por entonces, el Gobierno estaba en negociaciones con la banda, para un final negociado del terrorismo etarra, y "alguien pudo pensar" que no estaría mal empezar a olvidar viejas reclamaciones contra responsables etarras o de organizaciones próximas a la banda, como la dedicada a cobrar las extorsiones a empresarios.
Medios próximos al PP alientan que se mantengan y prolonguen las investigaciones hasta que den el fruto de algún nombre de responsable máximo sobre el que descargar la acusación de crimen de Estado y traición en favor del enemigo... Es una llama viva que se emplea como arma arrojadiza contra el Gobierno socialista, por más que el Gobierno repita una y otra vez que los responsables de aquel cobro de extorsiones fueron detenidos y han pasado a prisión... Y, por si faltaba algo, el juez que pretende cerrar el caso por falta de nuevas pruebas, se llama Garzón, la otra "bestia negra" del PP...
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