El país sabe que los conflictos son parte de la dinámica democrática y que asumirlos con seriedad y responsabilidad es parte del éxito para todas las partes.
En esta semana las declaraciones de varios dirigentes indígenas, alborotados por las preguntas y el zaherimiento de algunos periodistas dados a ingenuos agitadores mediáticos, retratan más las subjetividades de los actores que las demandas reales de su posición política. Por eso, hay que impedir que las diferencias y propuestas de los sectores sociales críticos al Gobierno sean utilizadas por el poder mediático para enrarecer el escenario de diálogo en la actual coyuntura.
Es evidente que algunos medios pretenden hacer una lectura única –para ello arman reportes, entrevistas, titulares- de las marchas recién realizadas (y que partieron de la extrema y centro derecha) y las posibles movilizaciones indígenas (que pertenecen a la tendencia de izquierda). Esa ‘lectura única’ implica mezclar instancias políticas totalmente distintas y en contraposición a los intereses de ambas tendencias. La derecha sostiene que en el país hay una dictadura y que las libertades están en peligro. La izquierda, en cambio, tiene contrapuntos claros y definidos con el régimen, y pueden resumirse en sus posturas sobre la Ley de Aguas y la Ley Minera, especialmente en lo relativo a que no quede ningún rezago privatizador en dichos cuerpos legales. Como se ve, las demandas de la derecha están al otro lado de las demandas de los movimientos sociales y en ningún sentido comparten derroteros de lucha.
La derecha no quiere el diálogo, casi le apuesta a la desestabilización y al río revuelto. La izquierda, cultivada en procesos organizativos de larga data, asume su crítica desde el interés nacional y no corporativo.
El régimen debería sopesar estas características a la hora de marcar la ruta del diálogo social.
Si (
No(
