Han dado cursos sobre terrorismo en la selva venezolana, sobre técnicas de manejo de explosivos
El más grave incidente en la relación diplomática de España con Venezuela ha surgido por causa del terrorismo internacional, cuando la Audiencia Nacional española ha dado a conocer indicios a la prensa mundial de la cooperación del gobierno del presidente Chávez con las organizaciones terroristas ETA y FARC.
El Gobierno español a través de su presidente Rodríguez Zapatero exigió al Presidente venezolano que explique la denuncia que lo vincula con ETA y las FARC e instruyó a su canciller, Miguel Ángel Moratinos, a proceder. La justicia española indicó que miembros de la ETA han dado cursos sobre terrorismo en la selva venezolana, sobre técnicas de manejo de explosivos, en respuesta la ETA se comprometía a atentar contra personalidades colombianas incluyendo figuras como el ex presidente Pastrana, la ex embajadora en España y ahora candidata presidencial, Noemí Sanín, el también precandidato presidencial y ex alcalde de Bogotá, Antana Mockus.
En la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay, el presidente Chávez negó las acusaciones y las calificó de "rezagos de un pasado colonial". Ahora lo importante es la transparencia y la documentación en las afirmaciones y negaciones de uno y otro Gobierno sobre este hecho enmarcado en el terrorismo internacional, que todos los pueblos y gobiernos democráticos rechazan y condenan.
La comunidad mundial y todos los Estados democráticos mediante el derecho han tratado de condenar y reprimir el terrorismo, más de trece convenios internacionales ha aprobado la ONU en la lucha contra este jinete del Apocalipsis, incluso creó una unidad especial denominada Comité contra el Terrorismo. Entre otros convenios mundiales el de 1997 para la represión de atentados terroristas, y el de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo. En nuestra región el 3 de junio de 2002 la OEA aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. En todos estos instrumentos jurídicos existe el compromiso de la cooperación entre los Estados y la lucha frontal contra cualquier manifestación del mismo, con la obligación de prevenir, controlar y fiscalizar esta nueva guerra asimétrica. Desde los atentados del 9 de septiembre de 2001 la legislación nacional e internacional y la responsabilidad de los Estados es mayor en esta materia, por el carácter complejo, dinámico y multifactorial de este delito, vinculado a la delincuencia organizada, al tráfico de drogas y a la corrupción que desembocan en el financiamiento del mismo con la legitimación de capitales.
El terrorismo es la utilización de la violencia con fines políticos, sin distinguir entre víctimas civiles y militares y buscando el efecto mediático. Aunque el terrorismo no fue incluido entre los tipos de delito catalogados por la Corte Penal Internacional, en el Tratado de Roma de 1998 porque no se llegó a un consenso sobre su definición, todos los gobiernos lo consideran un grave crimen contra la humanidad. Desde 1937 ya fue considerado como tal en la Convención sobre Prevención y Castigo del Terrorismo y el mismo está contemplado en los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario de 1949 y sus dos protocolos de 1967, documentos estos y los de la ONU, la OEA y la Unión Europea que obligan tanto a España como a Venezuela porque los han firmado y ratificado. Como todo delito el terrorismo tiene sus tres elementos víctimas, armas e intención de cometer un crimen. En el caso de la ETA y las FARC ambas organizaciones están catalogadas tanto en el ámbito europeo como americano de terroristas. Sus acciones han causado numerosas víctimas las cuales han sufrido la privación del más importante derecho humano: el derecho a la vida. Recientemente asistimos en San Remo, Italia, al seminario Terrorismo y Derecho Internacional, Desafíos y Respuestas, donde observamos la firme actitud de condena y repudio además de la necesaria cooperación del mundo Occidental, de las naciones del Lejano Oriente y de los países del Medio Oriente frente a esta nueva expresión de la política y de la violencia, que como lo decía en esa oportunidad la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, el terrorismo llena de sombras el futuro de la humanidad e invocaba la resolución 1.363 del Consejo de Seguridad de la ONU que constituye una importante referencia para la prevención y castigo del terrorismo por parte de los Estados, y de las organizaciones regionales y mundiales.
Venezuela está en deuda jurídica y política por no haber convertido en leyes nacionales los tratados y convenios internacionales en esta materia y por dar muestras equívocas como en los casos de la guerrilla colombiana y la ETA.
[email protected]
Si (
No(
