Andan revueltas las relaciones entre magistrados y políticos, por razón de dos de los jueces más notables del momento,
Baltasar Garzón y
Eloy Velasco. El primero, acusado de prevaricador, tiene tres causas pendientes en el Supremo, y, en medio de la oleada de quienes quieren sepultarlo de una vez por todas, ha recibido el apoyo de Zapatero. El segundo, que ha señalado la connivencia y colaboración de ETA y FARC con el apoyo del presidente venezolano
Hugo Chávez, ha recibido el apoyo de
Rajoy, quien a su vez, se ha quejado de que
Zapatero no le hubiera dado, también, su apoyo moral, y sí, en cambio, se lo otorgara a Garzón. Y a estas voces y gritos se han añadido los de los propios jueces por boca de sus correspondientes organizaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Consejo General del Poder Judicial. Y por supuesto, de los medios informativos, que también toman postura y dan la razón a unos y a otros, en estas querellas.
En resumidas cuentas, todos piden que se respete la independencia del Poder Judicial, clave del sistema democrático y del Estado de Derecho. Pero, coincidiendo en esta necesidad apremiante, tampoco hay que pasar por alto que la politización de jueces y tribunales ni es cosa nueva ni es razón ajena a todas estas cuitas del momento. En el caso de Garzón, es bien conocida su experiencia en el ministerio del interior, en el último Gobierno de
Felipe González. Aquella incursión en la política le dejó marca a él y a quienes lo
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rodearon o lo sufrieron. De Velasco nos han contado desde Caracas, en fuentes ciertamente nada edificantes ni probablemente dignas de crédito, que formó parte de ala más dura del PP y de "la mafia de
Aznar", ni más ni menos.
En todo caso, a sus señorías los magistrados cabe una tarea esencial y de altísimo riesgo, para ellos mismos y para quienes enjuician. A estas alturas es bastante inútil recordar méritos y desmerecimiento de jueces tan conocidos como Garzón, o el mucho menos conocido Velasco. Pero son jueces de la Audiencia Nacional, con competencia sobre la libertad de los ciudadanos, nada menos. ¿Los usan en beneficio propio los políticos y los partidos? No es improbable que las relaciones de jueces y políticos hayan estado en los últimos años excesivamente mezcladas y confusas. Ahora mismo, tenemos un Poder Judicial, un Tribunal Supremo, o un Tribunal Constitucional en los que se aprecia -o desprecia- la significación política de cada cual. Son miniparlamentos en los que reproducen los repartos a los que conducen las urnas. Y muy a menudo, los jueces saben que no prosperarán sin esas inclinaciones a favor o en contra de una opción. Sucede, en efecto, que nuestros jueces están excesivamente inclinados a opciones políticas, y parecen tener menos voluntad de resultar neutrales a ultranza y al margen de cualquier opción política.
Y así suceden estas peleas en la opinión pública: "Garzón es nuestro, Velasco es de vuestro clan...". Todos colaboramos en el deterioro de una situación necesitada de una autoregulación mucho más exigente.
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