La norma responde a la petición realizada por España tras el accidente aéreo de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 20 de agosto de 2008, en el que murieron 154 personas. El Gobierno quiere evitar así que se repita el retraso en publicar la lista de pasajeros que ocurrió en este siniestro.
Tanto la presidencia española como la Comisión Europea habían propuesto que el plazo máximo para la publicación de las listas de pasajeros fuera de una hora. Sin embargo, para lograr un compromiso entre los Veintisiete, el ministro de Fomento, José Blanco, aceptó que la publicación se haga "lo antes posible y a más tardar en dos horas".
"Todos queremos evitar periodos de ansiedad, confusión y pánico entre la población", destacó el ministro de Fomento.
El reglamento obligará así a las compañías aéreas a entregar a las autoridades competentes una lista de todas las personas que se encontraban a bordo del avión en un plazo máximo de dos horas tras la notificación del accidente. La lista no se publicará hasta que todos los familiares no hayan sido informados, y los Estados miembros pueden decidir mantenerla confidencial.
El ministro de Fomento aseguró que el objetivo de la presidencia española es alcanzar un acuerdo con la Eurocámara sobre este reglamento en primera lectura. Ello significa que la aprobación final podría producirse en julio, cuando el pleno del Parlamento tiene previsto votar el reglamento.
La nueva norma creará una Red Europea de Autoridades de Investigación sobre la Seguridad de la Aviación Civil, que coordinará y consolidará la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y llevará a cabo tareas como la armonización de las actividades de formación. La investigación de un accidente seguirá siendo competencia nacional, pero un país podrá pedir apoyo a la Red para cuestiones especializadas.
También obliga a las autoridades civiles y a las autoridades judiciales encargadas de investigar un accidente aéreo a llegar a acuerdos previos para coordinarse.
El reglamento persigue además reforzar el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad resultantes de las investigaciones sobre accidentes. Establecerá la obligatoriedad de evaluar cada recomendación, responder en un plazo máximo de 90 días, y justificar cualquier negativa a aplicarla. También se propone la creación de una base de datos europea de recomendaciones de seguridad.
La norma afianzará también los derechos de las víctimas de accidentes aéreos mediante normas comunes que requerirán la prestación de ayuda rápida y organizada en caso de accidente. Se garantizará a las víctimas y a sus familias el derecho a una información fidedigna sobre el curso de la investigación.
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