Injerencias

La separación de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial-, es la clave del Estado de Derecho. En nuestro sistema dicha separación está viciada por una excesiva interdependencia política de las instituciones y sus órganos rectores. Es un vicio de origen de difícil corrección que solo puede subsanarse con una práctica respetuosa para las competencias propias de cada poder por parte de aquel, el ejecutivo, depositario de mayor fuerza  de presión. Es decir, con una voluntad de autolimitación de la capacidad de influencia del Gobierno en esferas que no le competen, en tanto que el sistema no pueda ser modificado.

Por el contrario, el Gobierno no solo no se autolimita sino que se excede, con notoria desvergüenza, no solo en la utilización discreta de las canalizaciones que lo enlazan con los otros poderes sino con la manifestación pública de sus injerencias. Los ejemplos están a la vista.

Un juez, Velasco, plantea un fundamentado auto referente a los vínculos entre dos grupos terroristas –ETA y FRAP- consentidos y tutelados por una tercera nación. El Gobierno no sólo se disculpa sino que suscribe manifestaciones conjuntas, en este caso, con el ejecutivo venezolano y, además, somete el auto a la supervisión de sus funcionarios jurídicos sin misión jurisdiccional. Otro juez, Garzón, es  sometido a examen ante el Poder Judicial al admitirse tres denuncias sobre sus actuaciones dudosas. El Gobierno no solo se vuelca en una campaña mediática para exaltarle sino que el propio Presidente del Gobierno se lanza a exponer sus méritos a cara descubierta, poniendo un peso partidario en la balanza de la justicia. El ministro de Justicia se ve obligado a disculpar los comentarios del ex presidente González que afirmó públicamente que “la justicia está hecha unos zorros”, como si esto no fuese consecuencia de la falta de medios y las intromisiones de que son responsables los gobiernos socialistas.

No existen precedentes históricos de estos comportamientos. Las injerencias no son simples consecuencias de que los órganos estén mas o menos politizados, que ya se sabe en qué grado lo están. Son injerencias que intentan presionar la conciencia de los juristas más allá de lo admisible y demuestra una falta de confianza en todos ellos en cuanto hombres de Derecho. Este es un penoso espectáculo, incompatible con el respeto institucional que se exige a una auténtica democracia.