Tras recordar que el déficit de vivienda en Venezuela llega a unos dos millones de casas, lo que Chávez argumentó para pedir la expropiación de esos terrenos de Polar, Hernández remarcó que "por esa misma razón el Estado tiene que ser muy prudente y muy eficiente en la utilización de los recursos públicos, siempre escasos".
Existen otras opciones "más eficientes y menos onerosas" y "lo lógico" es construir en terrenos disponibles en zonas residenciales y terminar casas "a medio construir que están a la espera de recursos para ello", y que en Lara suman unas 4.000, sostuvo.
Incluso, destacó, Polar ofreció en venta al Estado un terreno de su propiedad de unos 25.000 metros cuadrados y en una zona residencial próxima a la industrial afectada con la medida.
"Desalojar instalaciones productivas tiene un costo mayor", porque en ese caso el Estado debe pagar indemnizaciones por el valor del terreno, de las instalaciones, de los costos de la mudanza y de la nueva construcción, alertó.
"Va a costarle a la nación por lo menos cuatro veces más (...), con el agravante de que en los terrenos (afectados) no van a poder comenzar a ser construidas las casas de inmediato", añadió.
También citó encuestas que dan cuenta de que un 84% de los habitantes de Lara rechazan la expropiación y que un porcentaje similar apoya que para planes de vivienda se utilicen terrenos ya desocupados y que se terminen proyectos en marcha.
Hernández advirtió que la medida, "viciada, porque cualquier expropiación debe ser mediante un decreto de ley y no por una simple ordenanza municipal", además pone en riesgo 3.200 plazas de empleo.
Amalia Sáez, alcaldesa del municipio de Iribarren, de la céntrica ciudad de Barquisimeto de Lara, firmó el pasado 11 de marzo la ordenanza que selló la expropiación luego de que un día antes el Legislativo regional declarara esos terrenos de "utilidad pública y social".
El presidente Chávez había pedido reiteradamente la acción de las instituciones de Lara para construir en el lugar viviendas populares, lo que agudizó recientemente un conflicto con el gobernador de ese estado, Henri Falcón, quien renunció al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) alegando, entre otras cosas, un déficit de prácticas democráticas y falta de diálogo con empresarios.
La empresa aludió por última vez al asunto hace poco más de un mes, cuando Chávez insistió en que ocupaba terrenos en una zona residencial de Barquisimeto, lo que Polar negó entonces tras expresar su "sorpresa" por el desconocimiento gubernamental.
Según datos propios, Empresas Polar, creada hace unos 70 años, cuenta en todo el país con 30 plantas industriales y terrenos como el expropiado y más de 150.000 puntos de ventas, todo lo cual genera un total de 30.000 empleos directos y 180.000 indirectos.
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