Chamizo resolverá esta semana la petición de IU y PP de instar a Múgica a presentar recurso en el TC

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, prevé resolver y decidir en unos días, esta misma semana, las peticiones de IU y PP de instar al Defensor del Pueblo estatal, Enrique Múgica, a que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el acuerdo para el pago en solares de la llamada 'deuda histórica'.

   Chamizo hizo este anuncio tras recibir la petición de IULV-CA de presentar dicho recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo por el que se liquida el pago de la 'deuda histórica', de forma que espera tener una respuesta a mediados de semana, antes del viernes, aunque reconoció que se debe estudiar el documento de IU.

   Precisó que las peticiones sobre el acuerdo de deuda histórica suponen hacer un estudio jurídico "fastidioso", por lo que, según explicó, hay un equipo de personas que lleva una semana estudiando las peticiones "y aún no llegamos a conclusiones".

   Agregó que, aunque el contenido de los escritos de PP e IU y sus argumentos son diferentes, se emitirá una sola decisión y un solo pronunciamiento "con los matices que sean necesarios, pero ambos piden prácticamente lo mismo".

   Chamizo no quiso pronunciarse sobre estas peticiones ni sobre el acuerdo en torno al pago de la 'deuda histórica'. "Esta el patio como para opinar, no tengo opinión de momento, tengo encefalograma plano", bromeó. Recordó que el Defensor andaluz tiene un margen pequeño en este caso "al ser competencia del Defensor español, que es el que puede presentar recursos de inconstitucionalidad".

   IU presentó un documento por el que pide a Chamizo que inste a Múgica a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, ya que ésta "no recoge en absoluto nada de carácter presupuestario para la deuda histórica, sino sólo una adicional que permita el pago en bienes inmuebles", una forma de pago que IU "no comparte ni va a seguir compartiendo, porque creemos que se lesionan los intereses de Andalucía".

   El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, que consideró que el Defensor "tiene la obligación y el derecho a defender los intereses de las instituciones andaluzas", solicitó la intervención y el amparo de Chamizo "en una tema tan importante como es la 'deuda histórica', pues queremos que se cumpla el Estatuto de Autonomía andaluz".

   En ese sentido, en el escrito entregado a Chamizo, que incluye un estudio jurídico y político, se incluyen los aspectos de los derechos de los andaluces que, a su juicio de IU, "se han lesionado", de forma que el documento contempla tres argumentos para pedir la intervención del Defensor.

   Así, Valderas consideró que "se sigue incumpliendo la Disposición Adicional Segunda y el Estatuto de Andalucía, que planteaba con mucha claridad que el día 20 debía estar cobrada y liquidada lo que España le adeudaba a Andalucía y no ha sido así, pues en todo caso sólo hay dos millones de euros que se han puesto sobre la mesa en dinero contante y sonante y al mismo tiempo hay una serie de bienes inmuebles que no significan que se haya pagado la deuda histórica, sino que sólo supone que Andalucía tiene bienes inmuebles que se pueden poner en valor dinerario con unos costes adicionales".

   Asimismo, Valderas apuntó que "se ha conculcado el principio de seguridad jurídica pues no hay seguridad jurídica de que el cobro de deuda histórica a través de bienes inmuebles se materialice". Además, consideró que "hay una posibilidad de falseamiento de la cantidad que, a través de la transferencia de solares y bienes inmuebles con derecho de titularidad estatal, suponga para la Comunidad".

   Para Valderas, "los bienes que se pongan en manos de la Comunidad lógicamente pueden estar mal valorados y pueden estar sometidos a depreciación del mercado, del valor del suelo y del valor de los bienes inmuebles, y puede salir perjudicada Andalucía".

   "Si mañana quisiéramos poner en valor los bienes inmuebles y los solares que pasan en manos de la Junta, ello conllevaría un coste adicional que debería pagar el pueblo andaluz", aseveró Valderas, quien consideró que "hay un perjuicio en esa forma de pago para los andaluces".

   Asimismo, recordó que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2010 "contemplan 420 millones de euros en inversión para educación, salud y otros temas, como servicios sociales y vivienda",  por lo que "da la impresión de que hay un problema para poder utilizarse ese dinero hoy", toda vez que actualmente en concepto de pago en líquido de la 'deuda histórica' "sólo hay dos millones de euros, cuando el presupuesto para 2010 recoge 420 millones de euros".