¿Cuánto se puede ensanchar la ciudadanía en una sociedad democrática sin que ésta llegue a un punto de quiebre? El límite al que esta pregunta refiere da la medida de la democracia exigible, esto es, de aquella que puede ser sin entrar en una zona de riesgo conducente al populismo, al autoritarismo o a una combinación de ambos.
Tal es una de las interesantes ideas presentes en el documento La democracia de ciudadanía. Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina, elaborado con propósitos de discusión por un proyecto conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, mismo que da continuidad, después de seis años, al informe La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos.
El reporte de 2004 planteó la necesidad de superar las fronteras de la democracia electoral y de ampliar el horizonte político regional haciendo avanzar no sólo los mecanismos institucionales y la vigencia de los derechos civiles, sino posibilitando una expansión efectiva de la ciudadanía social. El documento actual, que reconoce que se ha afianzado la democracia del voto, recupera aquel objetivo relativo a la incorporación real de los derechos económicos, sociales y culturales como complemento de la ciudadanía civil y la política que conformen un todo integral dignificante de las personas y los pueblos.
Anota también algunos rasgos que caracterizan el panorama latinoamericano en este primer decenio del siglo XXI y que, por supuesto, tienen incidencia sobre los procesos de la política y la democracia en el área: surgimiento de nuevos movimientos políticos, reconocimiento creciente de los derechos de sectores que eran discriminados, incremento tendencial del poder de los órganos ejecutivos, visible aceptación por los gobiernos de la necesidad de que se mantenga un equilibrio macroeconómico básico, pérdida de influencia del modelo de ajuste estructural neoliberal y aumento relativo de la autonomía de los países frente a las potencias políticas y los organismos financieros internacionales.
Sin embargo, señala que esas nuevas condiciones del contexto no implican que se pueda asegurar que está en gestación un modelo democrático “a lo latinoamericano”, pues también es probable que generen mayor inestabilidad, conflictos, y hasta hagan posible la emergencia de “nuevas formas autoritarias”. En tal sentido, convoca a reflexionar sobre los factores que todavía dan cuenta de un estado de déficit democrático y que ponen en cuestión la legitimidad del régimen en la zona.
Por eso llama la atención respecto a que se debe garantizar y preservar mínimos legítimos de ciudadanía, como “la existencia de elecciones libres y transparentes, el respeto de la libertad y seguridad de las personas o la defensa de la libre expresión”. En la fase “pos-transición” que vive América Latina, o sea en la fase posterior al tránsito de la dictadura a la democracia, la incertidumbre “tiene menos que ver con el retorno del pasado militar en la región que con las grandes dificultades para expandir los derechos de ciudadanía” o con “la proliferación de grandes concentraciones de poder político opuestas al objetivo democrático”, dice el documento.
De ahí que el quantum de la democracia exigible difiera de un país a otro y esté en consonancia con la ciudadanía disponible en cada caso. Ampliar esos márgenes sin erosionar la sostenibilidad del régimen es una tarea pendiente.
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