Juicio al fiscal Pesántez va pese a la reprimenda de Correa

"Lamentamos las declaraciones" de Correa, que lidera el movimiento oficialista Alianza País, pero "es deber de la Asamblea Nacional fiscalizar y, para hacerlo, la inmunidad es un componente indispensable e irrenunciable", señaló el grupo parlamentario en un comunicado.

Correa reprochó a sus legisladores por el proceso político contra Pesántez y les pidió que renuncien a la inmunidad parlamentaria, debido a la gravedad de las denuncias emitidas contra el fiscal, a quien los asambleístas del oficialismo acusan de "falta de probidad" en el ejercicio de sus funciones.

En el comunicado, que fue leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, Alianza País indicó que la inmunidad es "la mínima garantía" que tiene el Parlamento para que "las investigaciones o posibles denuncias no sean frenadas con amenazas judiciales".

"No renunciamos al deber de fiscalizar, con autonomía, a los otros poderes del Estado", añadió el grupo político, que reiteró que el oficialismo seguirá con el juicio político contra Pesántez.

En este tipo de ejercicio "no hay espacio para consideraciones personales ni de amistad ni de odio", agregó el texto, en el que se enfatizó que "sería injusto iniciar un juicio político sin pruebas suficientes".

"Lo único peor sería mantener silencio y no iniciar un juicio con todas las pruebas que han sido presentadas en la Asamblea" contra el fiscal, añadió.

Alianza País precisó que la "probidad" en el ejercicio de la Fiscalía supone el desempeño de funciones con "una conducta diligente, recta, honrada e imparcial".
El pasado viernes, la bancada oficialista presentó a trámite el juicio político contra Pesántez con el voto de 33 legisladores, por presunta "falta de probidad e imparcialidad" en el desempeño del cargo.

Los interpelantes consideran que el fiscal "violó las normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía".
No obstante, este proceso político se originó después de un escándalo que involucró a la esposa del alto funcionario por la muerte de una joven colombiana, atropellada por un automóvil de la Fiscalía.

Tras el accidente, ocurrido el pasado 14 de enero en Quito, varios fiscales suscribieron un escrito en el que respaldaban a Pesántez y rechazaban las versiones de testigos que advertían de la responsabilidad de su esposa en el accidente.

El órgano parlamentario sugirió entonces la dimisión de Pesántez y la destitución de otros agentes fiscales para evitar una "crisis en el sistema judicial".

El fiscal general, por su parte, rechazó dimitir, defendió a su esposa y aceptó acudir a la interpelación de los asambleístas, algunos de los cuales denunciaron que supuestamente les amenazó.