Los testigos en Colombia corren peligro

La alta comisionada adjunta, Kyung-wha Kang, destacó la lucha del actual mandatario y su equipo por combatir la impunidad, indicó las acciones que el Ejecutivo ha realizado contra el uso ilegal de los servicios de inteligencia y reconoció "los esfuerzos para reducir significativamente las ejecuciones extrajudiciales".

A este respecto, la funcionaria puntualizó que para garantizar que los militares respetan en todo momento los derechos humanos, deben estar "sujetos a controles legales y civiles estrictos".

Además, Kang elogió la cooperación de Colombia con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, hasta el punto de ser el país que recibió la mayor visita de expertos de este organismo en 2009, y la importante apertura del Gobierno de Colombia al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

Sin embargo no todo fue bueno, y la ONU subrayó al Gobierno la subrayó la necesidad de que el país adopte medidas más eficaces y seguras para proteger a testigos, familiares de víctimas y funcionarios judiciales que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos.

Pues pese a lo que se ha hecho, persisten problemas como las "graves amenazas" contra personas vinculadas a procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, que van desde "presiones contra fiscales y testigos hasta amenazas de muerte e, incluso, asesinatos".

"Es fundamental que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles", expresó Kang en la sesión del CDH.

Así mismo, la funcionaria de la ONU señaló que ciertas informaciones recibidas por el Alto Comisionado dan cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, aunque mostró su satisfacción por los progresos en el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para que ésos gocen de mayores garantías.

Otro punto que resaltó del informe sobre Colombia es que los civiles siguen sufriendo la violencia que ejercen los grupos armados ilegales, incluidos los guerrilleros y aquellos que "emergieron de la desmovilización paramilitar". Khan calificó de "alarmante" el reclutamiento de niños y el aumento del registro de casos de violencia sexual por parte de tales grupos. 

Finalmente la funcionaria expresó: "Quedan por dar pasos esenciales, como la investigación de abusos pasados, la implementación de mecanismos para depurar los archivos de inteligencia y el desarrollo de sistemas para la protección de datos personales".