En el centro del problema está la puesta en vigor de las directivas procedentes de Basilea III, que van a exigir más capital y provisiones a las entidades y restricciones en la concesión de créditos, lo que perjudicará a cajas y bancos de menor tamaño.
Las cajas menores se han apoyado en la plataforma de la patronal para soporte informático o gestión de activos, pero las grandes siempre han seguido su propio camino. La medianas, para las que el dimisionado presidente de la CECA,
Juan Ramón Quintás, queria el apaño de las SIP (recursos compartidos) luchan por conservar su cuota de poder en su región, ayudadas por los gobiernos autonómicos respectivos, y es aquí donde radica el principal problema, porque ningún Gobierno, -sea del PP, PSOE o nacionalistas-, está dispuesto a perder su ‘instrumento financiero’ propio.
Cajas grandes, como los bancos
Las cajas mayores quieren emprender un proceso de internacionalización que las sitúe en primera línea del sistema financiero global, como ha demostrado La Caixa con la salida a bolsa de Criteria (operación que le permitió reforzar su base de capital) y la compra de participaciones de bancos por todo el mundo.
Pero en este proceso, sólo La Caixa y Caja Madrid, con Bancaja y Unicaja en menor medida, están posicionadas para emprender el camino de los bancos y no es casualidad que haya salido a la luz el nombre de
Isidro Fainé, presidente de la primera, para pilotar el proceso de concentración del sector. La dimisión prematura de Juan Ramón Quintás como presidente de la Ceca (Confederación Española de las Cajas de Ahorro), cuando su salida estaba prevista para el 19 de mayo, ha puesto de relieve la feroz batalla política que se libra en el máximo órgano de las cajas por controlar cómo y con quién se pueden fusionar. Como se recordará, presentó su dimisión ante la negativa del resto de directivos a sumarse a su candidato, Amado Franco, presidente de la zaragozana Ibercaja.
Su enfado además fue supino, al constatar que el presidente de la Caixa y vicepresidente primero de la Ceca, Isidre Fainé defendió a capa y espada a su candidato porque Franco es un hombre de bajo perfil, partidario como el de que el proceso de concentración se liquide en la medida de lo posible con ese invento denominado SIPs (Sistemas Institucionales de Información). Los SIPs obedecen a una fórmula de cooperación que permite compartir la liquidez y el riesgo de crédito entre entidades. Para ello es necesario un sistema común de información, contabilidad y auditoría, que permita la evaluación común del riesgo que asume cada entidad y que, compartido, reduce los costes de cada una. En suma, una alianza más técnica que empresarial. El presidente de Ibercaja es hombre de caja mediana, un perfil más compatible con los deseos del sector de no ser fagocitados por los bancos, en su proceso de concentración, una hipótesis que ha denunciado muchas veces, incluso en público, Quintás.
Una tercera opción que parece contar con cierta fuerza en este proceso es la candidatura de
Braulio Medel, el presidente de Unicaja, que en la crisis se ha quedado con Caja Jaén y Cajasur. Para ello, tendría que convencer a grandes y pequeñas de su idoneidad como presidente de la CECA para aunar posturas.
Basilea exige reestructuración
Y mientras la guerra autonómica sigue, la reestructuración de las cajas va a paso de tortuga. Los directivos de las entidades, los políticos y el propio Banco de España han disfrutado de casi tres años desde el estallido de la crisis para encontrar un consenso que permita poner orden en el sector, encontrar soluciones con las que reforzar a las cajas de cara a un futuro que viene marcado por la nueva y más exigente normativa de capital, conocida como Basilea III.
Esta regulación, cuya aplicación está prevista para 2013, obligará a la banca a contar con una base de capital más sólida con la que absorber pérdidas en futuras crisis. Lo que se persigue es que las entidades financieras cuenten con un core capital del 8%. Este capital -el de más calidad- está conformado por los beneficios no distribuidos y las acciones, y no entran otros activos como las preferentes.
Las cajas de ahorros no pueden emitir acciones, por lo que la única forma de la que disponen para cumplir con Basilea III es colocar cuotas participativas, ya que los beneficios serán escasos en el futuro por la menor actividad crediticia, los bajos tipos de interés y la morosidad. Pero el inversor no quiere estas cuotas, ya que no otorgan derechos de voto en las asambleas de las cajas.
Desde la perspectiva de Basilea III, hay cajas que van a necesitar reforzar su capital; los bancos lo tienen más fácil porque pueden emitir acciones, pero a las cajas la única solución que les queda es ganar más dinero, y debido al ciclo esta vía tradicional se restringe.
Incluir derechos de voto a las cuotas participativas para hacerlas atractivas al inversor, seria el paso definitivo para privatizar las cajas. Por eso el recién dimitido en la presidencia de la CECA quería que esos derechos políticos fueran transitorios, una condición que restaría cualquier atractivo a las cuotas. Quintás también pide una menor injerencia de los políticos en las entidades.
Parece claro que las cajas tienen que buscar alguna solución, en vista de que el fondo de rescate bancario (FROB) está paralizado. Aún no se ha completado ninguna fusión, las cajas en proceso no han visto aún un euro -el plazo para las ayudas concluye en junio- y, además, estas subvenciones se articulan con preferentes, instrumento que Basilea III no incluye dentro de aquellos que refuerzan core capital. Tampoco se puede acudir a la reforma de la Ley de cajas (Lorca), arrumbada por los intereses de los gobiernos regionales. Y la posibilidad de que se instalen las cuotas participativas con derechos políticos, que reforzarían el capital de las cajas pero que abren la puerta a la privatización e incluso al control por parte de los bancos da miedo.
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