El informe, presentado ayer en el hotel Radisson de La Paz por el representante del organismo internacional, señala en el punto 11 del contexto nacional que, “en comparación con el año anterior, en 2009 hubo una mejoría general de la situación de los derechos humanos debido especialmente a la disminución de las actividades de grupos de choque que en 2008 habían afectado los derechos a la vida e integridad personal”.
No obstante, para el organismo internacional, si bien mejoró el tema de los derechos humanos, no sucedió lo mismo con la justicia, que “continúa sufriendo tráfico de influencias, corrupción, falta de independencia y retardación, lo cual limita su acceso y contribuye a la impunidad”. “En medio de una continua división política entre el Gobierno y grupos de oposición, el ya debilitado y politizado sistema de justicia se mostró más vulnerable al factor político, lo que impactó en el desarrollo de los procedimientos y puso en cuestión la independencia e imparcialidad de ciertos funcionarios judiciales”.
El Poder Judicial fue reconstituido el 18 de febrero mediante la designación directa que hizo el presidente Evo Morales de autoridades judiciales, en algunos casos ex autoridades o funcionarios afines al partido oficialista, lo que generó el rechazo de la oposición política y del Colegio de Abogados, ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el partido oficialista tiene más de dos tercios, permitió la intervención directa del Ejecutivo en el Órgano Judicial.
Entre agosto y septiembre de 2008, el país vivió jornadas violentas con tomas de instituciones públicas y aeropuertos, y choques físicos entre ciudadanos en los departamentos de la “media luna” (Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca). Los activistas de la autonomía exigían la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y rechazaban la implantación de la nueva Constitución.
Para el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentado ayer reconoce el avance que existe en el país en cuanto a la vigencia y garantías de los derechos humanos. “Es decir que, comparativamente, seguimos avanzando en la vigencia de la garantía de los derechos humanos en el marco de las normas del derecho internacional”.
Según el informe, en 2009 se registraron menos episodios de violencia política, pero persistió una marcada división entre el Gobierno y la oposición. Otro punto destacado es la mejoría en el tema de la libertades de expresión en tanto las relaciones entre el Gobierno y los periodistas mejoraron durante 2009, pese a algunos incidentes en contra de los comunicadores, como los insultos proferidos por el ex alcalde cruceño Percy Fernández o el ataque de efectivos de la fuerza de élite de la Policía, llamada UTARC, a un equipo de la red Unitel.
El informe también pondera el reconocimiento de todos los derechos humanos existentes y la protección de los pueblos indígenas en la nueva Constitución Política aprobada el 6 de diciembre de 2009.
Según el Alto Comisionado, el racismo, la discriminación y la intolerancia persisten en el país, aunque reconoce que las expresiones racistas fueron menos violentas que en 2008.
La relación entre el Gobierno y los periodistas mejoró según la ONU.
La entidad pide investigación imparcial del caso Rózsa
El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia pidió ayer a las autoridades “investigar con imparcialidad” la supuesta banda terrorista desarticulada el año pasado y que la Fiscalía ha vinculado con varios líderes opositores de la llamada “media luna”; no obstante, el Gobierno aseguró ayer que garantiza los derechos de los implicados.
El organismo internacional, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, “insta a las autoridades bolivianas a investigar con imparcialidad las actividades y conexiones de los imputados en relación al supuesto grupo terrorista en Santa Cruz, y garantizar el derecho al debido proceso a los detenidos. Asimismo, solicita que las alegaciones sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, mencionadas en el presente informe, sean investigadas a fondo administrativa o penalmente”.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo ayer a los periodistas que el mencionado informe detalla “claramente” que “son algunos sectores de la oposición” los que no respetan los derechos y garantías, algo en lo que el Estado sí “está comprometido”.
El caso de Eduardo Rózsa Flores detonó el 16 de abril de 2009 cuando la Policía abatió a tres extranjeros en un hotel de Santa Cruz y detuvo a otros dos miembros de la supuesta banda que, según la Fiscalía, iba a promover la separación del territorio nacional.
Observaciones a Ley Anticorrupción
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia remitió a la Asamblea Legislativa algunas observaciones a al menos cinco artículos del proyecto de Ley Anticorrupción “que podrían ser problemáticos desde la perspectiva de los derechos humanos”, según dijo ayer su representante, Denis Racicot.
Racicot destacó como “importante” la iniciativa del Gobierno de impulsar una ley que lucha contra la corrupción; no obstante, mencionó algunos puntos de la norma, como la presunción de inocencia y la retroactividad en la aplicación de nuevos delitos, que inquietan a ese organismo.
Estas observaciones, dijo, fueron remitidas al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y de acuerdo con la respuesta oficial que recibió Racicot, fueron derivadas a la Comisión Integrada de Constitución y Justicia Plural de ambas cámaras. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Eduardo Maldonado, afirmó que, en su criterio, la Ley Anticorrupción no vulnera los derechos humanos, empero indicó que antes de emitir una opinión sobre las observaciones de las Naciones Unidas espera conocerlas de manera oficial.
De acuerdo con el representante del organismo internacional, “un tema que pensamos es difícil en este momento es el texto relativo a la presunción de inocencia y la carga de la prueba en cuanto a dos tipos penales, el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento ilícito de particulares”.
Recordó que la economía en derecho penal señala que la presunción de inocencia prevé que es el Estado el que debe comprobar la culpabilidad de una persona; sin embargo, según el proyecto es “el revés”, la persona acusada debe demostrar que no es culpable. “Entonce, ahí hay jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos sobre ese punto y creemos que ahí hay (que hacer) una clarificación”.
Según la agencia ANF, el Jefe de Estado en Cochabamba afirmó que los ex dignatarios que cometieron delitos contra el Estado serán juzgados con la nueva Ley Anticorrupción que es tratada en la Asamblea Legislativa. “Ahora que nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional ya está aprobando, está casi aprobada la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para investigar a los ladrones, a los maleantes, ex ministros, ex parlamentarios, ex presidentes”.
Con esta declaración, Morales hizo una división entre la Ley Anticorrupción y la Ley de Juicio de Responsabilidades contra altas autoridades .
Anuncian vigilancia a procesos
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el país, Denis Racicot, dijo ayer que se debe estar “pendientes” del desarrollo de eventuales procesos penales contra los ex presidentes Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y Jorge Quiroga, y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
Hay, acotó, inquietud por parte de estas ex autoridades sobre procesos que no serían imparciales cuando quienes los juzgarían fueron designados por el presidente Evo Morales, quien, además, fue el que presentó denuncias contra algunos de ellos cuando era diputado y calificó de delincuentes a los ex mandatarios.
“Pensamos que es una situación que se debe seguir de cerca, estamos haciendo el monitoreo, hemos tenido intercambio con representantes de algunas de esas personalidades, estamos también monitoreando las declaraciones públicas de las autoridades en este caso”. En su criterio, es “adecuado” que si serán juzgados, sea bajo la actual Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.
Pueblos indígenas
Destaca que la nueva Constitución Política del Estado establece mejores garantías para la protección de los derechos de los pueblos indígenas; no obstante, recomienda al Gobierno intensificar esfuerzos para implementar el derecho a la consulta de acuerdo con la nueva Carta Magna y llevar a cabo consultas y estudios de impacto ambiental en relación con proyectos extractivos y de desarrollo situados en las tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas.
Discriminación
El racismo, la discriminación y la intolerancia persisten y, a menudo, se expresan abiertamente. Aunque las expresiones de racismo fueron menos violentas que en 2008, la discriminación racial contra los bolivianos de origen indígena y de origen afro sigue siendo una de las formas más comunes de discriminación. De particular preocupación es la situación de invisibilidad y exclusión social en la que viven las comunidades afrobolivianas, por lo que pide más atención al Gobierno.
Caso racismo
Sobre los incidentes racistas ocurridos el 24 de mayo de 2008 en Sucre, la investigación continúa en la mayoría de los casos relacionados con este incidente. También solicitó que se abra una investigación penal contra varios medios de comunicación de Sucre por los delitos de incitación pública a delinquir y apología del delito, la Unión Juvenil Cruceñista y dos hospitales de Sucre. El mayor reto ahora será el de proseguir la investigación con la debida celeridad e imparcialidad.
Octubre negro
El 18 de mayo de 2009, luego de más de cinco años de trámites legales, la Corte Suprema de Justicia inició el juicio oral contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 11 miembros de su gabinete y cinco miembros de su Alto Mando Militar. Este caso es visto por muchos como una oportunidad para que el sistema de justicia demuestre que los procesos por violaciones graves a los derechos humanos pueden proceder libres de obstáculos procedimentales y sin interferencias políticas.
Desclasificación
El 20 de mayo, el Ministerio de Defensa aprobó la Resolución Ministerial 316 que autorizaría a las víctimas de la dictadura militar y a sus familiares el acceso a documentación de las FFAA de esa época. Los familiares de algunas víctimas observaron que la iniciativa era insuficiente y burocrática. La oficina en Bolivia considera esta norma como un paso importante en la lucha contra la impunidad, aunque el acceso a esos archivos militares determinará su eficiencia.
Linchamientos
Al menos 71 casos de linchamiento o tentativa de linchamiento fueron reportados por la prensa. Por lo menos se registraron 15 muertes. La mayoría de los casos ocurrieron en El Alto (La Paz), donde la presencia policial es limitada o inexistente. La oficina en Bolivia está preocupada por la violencia empleada y por el hecho de que el número de linchamientos se triplicó desde 2008. La Policía intervino en algunos de los casos, en la mayoría no se han realizado investigaciones.
Libre expresión
Las relaciones entre el Gobierno y los periodistas mejoraron en 2009. El presidente Morales adoptó varias medidas para acercarse a los medios. Extendió una invitación a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para observar la situación de la libertad de expresión en el país. Pero hubo algunos incidentes entre el Gobierno y periodistas de medios privados entre el 1 de enero y el 31 de octubre. El Observatorio Nacional de Medios (Onadem) dice que hay casos por esclarecer.
El caso Porvenir
El proceso por la masacre de Porvenir se dilató de forma innecesaria debido a numerosos recursos procesales, recusaciones y acciones penales o disciplinarias contra jueces, magistrados y fiscales interpuestos por todas las partes. Como resultado, el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación se vio postergado. Asimismo, se vio afectado el derecho de algunos de los imputados detenidos preventivamente a preparar su defensa.
Recomendaciones
El reto del desarrollo de una legislación complementaria a la Constitución aprobada en febrero de 2009.
Un procedimiento transparente para la designación mediante sufragio popular de las nuevas autoridades judiciales.
La erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud y la criminalización del racismo y la discriminación.
Identificación y sanción de los autores de violaciones de los derechos humanos, prevención y sanción de los linchamientos.
Protección de los defensores de los derechos humanos y de periodistas (que en el último tiempo sufrieron agresiones).
Localización y entrega de restos de desaparecidos en dictaduras militares y la desclasificación de archivos militares.
Erradicación del trabajo infantil y promoción de programas sociales para mejorar el acceso a salud y educación.
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