Pacto por la Educación Pública

El Ministerio de Educación presentó a finales de febrero un nuevo documento con las propuestas que pretenden centrar el debate para lograr un ‘Pacto político y social por la Educación’. Este Pacto, al que se le quiere dar el impulso definitivo tras el inminente periodo vacacional de esta semana, debería servir para acotar actuaciones en las que estemos de acuerdo y comprometernos a llevarlas a cabo.

Izquierda Unida reitera su clara voluntad de contribuir al logro de un gran acuerdo en materia educativa, cuyos fines primordiales sean la extensión y mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo, la mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar.

Deseamos un acuerdo que defina prioridades, calendario de actuaciones y compromisos concretos de financiación, con el fin de resolver los principales problemas del ámbito educativo. Para ello, vemos necesario que el Sistema Público de Educación se constituya en el eje vertebrador y fundamental del sistema educativo, estableciendo mecanismos efectivos para que las distintas administraciones educativas extiendan y potencien la educación pública mediante una red de centros docentes de titularidad y gestión pública, con suficientes plazas escolares para el conjunto de la población. Se garantizaría así  un puesto escolar público en cualquier punto del territorio estatal, cubriendo también la demanda de plazas de 0 a 3 años en Escuelas Infantiles. La escuela pública es la de todos y para todos, la que más y mejor asegura la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales y, por ello, la que mejor contribuye a la equidad y a la cohesión social.

Esto supone establecer mecanismos claros para que se creen nuevas plazas escolares en centros de titularidad pública, en lugar de concertar más unidades privadas. También que se supriman las cesiones de suelo municipal para la creación de centros privados concertados –‘el suelo público sólo para centros públicos’-, asegurando la construcción de centros públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos.

A su vez, se debería ir hacia la progresiva reducción de los conciertos educativos, comenzando por su supresión en los tramos no obligatorios, estableciendo claramente su carácter subsidiario y desarrollando mecanismos de integración voluntaria y negociada en la red pública para avanzar hacia una red única de centros públicos. Se trata de dar pasos decididos para invertir el proceso actual, multiplicando el esfuerzo en la creación de puestos escolares públicos y gratuitos para todas y todos, pues la red privada (incluida la concertada) es de facto selectiva y generadora de un mercado educativo que multiplica las desigualdades.

Defendemos una Escuela Pública de Calidad cuyo primer y principal objetivo sea garantizar el derecho de todos a aprender con éxito y obtener la titulación correspondiente, sea cual sea su procedencia social o cultural, y sea cual sea también el ámbito territorial donde se esté escolarizado. No se trata tanto de mejorar el sistema educativo con el propósito de lograr mayores cotas de ‘excelencia’ para algunos, como de poner en práctica políticas y actuaciones concretas, sobre todo de compensación de desigualdades educativas, para evitar el fracaso escolar de muchos. Tampoco se trata de recuperar viejas medidas selectivas mediante itinerarios segregadores (pre-Bachillerato versus pre-FP), como aparecen en la propuesta ministerial, por los que derivar alumnado ya desde 2º o 3º de ESO.

La calidad pasa por reducir el número de estudiantes por grupo, potenciar la atención tutorial y dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos. Pasa también por incorporar nuevos perfiles profesionales en la escuela: educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc. Por establecer un sistema integral de becas y ayudas al estudio que permitan compensar las condiciones socioeconómicas desfavorables de la familia, así como la gratuidad de libros de texto y comedores escolares. La calidad implica entender la evaluación como una estrategia de mejora de toda la comunidad educativa y de apoyo al proceso de enseñanza y de aprendizaje, y no tanto como ‘medición de resultados’ para clasificar centros y alumnado.

Consideramos crucial incluir también en el Pacto propuesto la apuesta por una Escuela Pública Laica que respete la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; es decir, las opciones ideológicas y morales del alumnado, de sus familias, del profesorado y de todos los trabajadores de los centros. Ello supone que los símbolos religiosos salgan de los espacios escolares, tal como ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando incompatible con la libertad de creencias la presencia de símbolos religiosos en las escuelas. Es necesario, además, suprimir el adoctrinamiento religioso que entrañan las enseñanzas confesionales, derogando el Acuerdo correspondiente suscrito con El Vaticano. Las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y, por tanto, la enseñanza de las religiones ha de quedar al margen del currículo escolar.

Todo lo anterior requiere un compromiso de financiación suficiente, hasta alcanzar el 7% del PIB en gasto público en educación, para hacer realidad la mejora del sistema educativo y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.

(*) Loles Dolz y Enrique Díez son responsables del Área Educación de IU