Astucia mediática

Un nuevo plazo se ha dado a la Comisión Ocasional –de la Asamblea- que tiene en sus manos el proyecto de nueva Ley de Comunicación: 5 de mayo. La aprobación del informe con el que se entrará a segundo debate adolece de fallas, vacíos y omisiones que no han podido zanjarse, sobre todo porque quien dirige la Comisión muestra cada vez diversos arbitrios y contradicciones que empantanan la posibilidad de un debate serio y profundo.

Sin embargo, ese no es el único motivo por el que dicho proyecto no camina y cuaja en una verdadera propuesta que revolucione las prácticas y los conceptos en el campo de la comunicación, pues el poder mediático no cesa de ‘dirigir’ el debate desde pantallas, impresos y radios. El mundo de la política, escenario legítimo de la legislación, en este caso la Asamblea Nacional, ha sido eclipsado por una activa maquinaria que desprestigia todas las ideas que circulan como parte de la crítica del hacer de los medios en el Ecuador.

Si el ambiente para definir una ley de comunicación moderna se ha enturbiado es porque el sistema de privilegios que ha caracterizado –principalmente- el funcionamiento de emporios mediáticos continúa fungiendo como expresión hegemónica de la opinión pública. El caso de Emilio Palacio ilustra para distraer el verdadero sentido de la libertad de expresión. Y es que la victimización del articulista también coadyuva a demonizar la urgencia de una ley que regule los abusos de las tribunas de opinión de los medios privados.

El momento exige cordura y perspectivas de largo alcance para legislar con justicia un texto legal que no permita los excesos de nadie. Los casos particulares de columnistas de opinión no pueden servir de pretexto para invalidar la legitimidad de una ley de comunicación. Ergo, todos los asambleístas deben comprender que su debate no puede partir de los escenarios o víctimas que el poder mediático determine.