Así lo informó Perera en declaraciones a la Cadena Ser, en las que también avanzó su intención de recurrir el auto de más de 140 páginas emitido el pasado martes por el juez Castro, al estimar que "no se ajusta a derecho".
De momento, fuentes de los Juzgados de Guardia aseguran que Perera no ha registrado ningún tipo de recurso, mientras que señalaron que Matas tampoco ha hecho efectiva la fianza de 3 millones de euros, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 00.00 horas.
El juez decretó esta cantidad en un duro y extenso auto, en el que acuerda 72 días hábiles -con la Semana Santa de por medio- para poder constituir la caución. Además, Castro acordó la retirada del pasaporte de Matas -que ya había entregado el pasado viernes por orden del juez para evitar su fuga-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Esta obligación de comparecer ante el Juzgado no será efectiva, hasta que Matas abone la fianza, por lo que no será hasta el próximo 15 de abril, cuando el ex-presidente del Ejecutivo balear acuda al edificio judicial, si bien está previsto que solicite hacerlo en uno de Madrid, donde, probablemente, fije su residencia, junto a su familia.
Matas está intensificando en los últimos días las gestiones para reunir la fianza judicial de tres millones de euros que le reclama la Justicia, por lo que está previsto que agote el plazo máximo para pagarla, teniendo en cuenta que es Semana Santa y los bancos permanecen cerrados hasta el próximo martes en Baleares, impidiendo así que pueda conformar cualquier tipo de aval que le permita eludir su ingreso provisional en la cárcel por su presunta participación en el 'caso Palma Arena', por la construcción del velódromo mallorquín que costó el doble de lo inicialmente presupuestado.
En el auto que pretende recurrir Matas, el magistrado alude a la existencia de un "margen de gravedad más que sobrado" como para que el ex-presidente pueda sustraerse de la acción de la justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos y "se sospecha" que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena.
Asimismo, Castro basa su petición de prisión, así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".
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