Todo indica que los próximos días se va a consumar el despropósito de la suspensión profesional del magistrado de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, procesado bajo la acusación de prevaricación en el ejercicio de sus funciones judiciales de instrucción al declararse competente en la causa por desapariciones forzosas del franquismo. Existe la percepción de que se busca la inhabilitación definitiva del juez. La noticia está causando asombro e incredulidad en el mundo tanto por el gran prestigio internacional del juez como por el asunto que ha dado lugar a la acusación penal. Hoy mismo The New York Times califica de injusticia el proceso y aconseja a España que se preocupe de perseguir los crímenes impunes de su pasado y no al juez que tiene el coraje de promover la investigación.
Garzón es un personaje controvertido en España, pero una figura indiscutida en el ámbito internacional al estar considerado –y no le faltan méritos– como uno de los principales artífices de la Justicia Penal Internacional. Sus iniciativas han permitido la persecución de los criminales que, como en el caso paradigmático del general
Pinochet, se habían parapetado en sus legislaciones nacionales, cuya impunidad ellos mismos habían establecido, para no responder de delitos, como el genocidio, que por su particular relevancia el Derecho Internacional no los considera sujetos a plazo de prescripción alguno.
La actuación del juez de la Audiencia Nacional, haciendo uso de una avanzada competencia jurisdiccional en estas materias y resistiendo con tenacidad los reticencias de determinados sectores judiciales –recordemos, por ejemplo, el informe del fiscal Fungairiño que llegó a calificar a las sanguinarias dictaduras del cono sur de simple interrupción provisional del orden constitucional–, hizo posible que muchas víctimas encontraran en España la Justicia que les estaba siendo denegada sistemáticamente en sus países. Estas actuaciones contribuyeron a la derogación de la legislación pactada con los represores golpistas en la salida de las dictaduras, desde los senadores vitalicios de Chile a las leyes de punto final de Argentina, transformando así los sistemas políticos tutelados en democracias plenas.
Como consecuencia de estas actuaciones, y más allá de miopes y puntuales conflictos bilaterales, España se ha beneficiado con una imagen internacional impecable en esta materia. Por eso causa desconcierto en los medios políticos y académicos internacionales, donde naturalmente desconocen las pequeñas
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miserias y peripecias de la política interna española, que sea precisamente el mismo país adalid de la justicia global el que se proponga el castigo del juez por haberse extralimitado supuestamente en la persecución de crímenes de esta misma naturaleza. De este proceso el que peor parado saldrá no será el propio juez Garzón, sólidamente respaldado por muchas instituciones, sino la imagen de España.
Será difícil explicar por ahí fuera la querella presentada por los que se declaran herederos del fascismo español contra el único juez que, en más de treinta años de democracia, se había dignado atender las demandas de los familiares directos de víctimas desaparecidas en el contexto de una represión sistemática por razones ideológicas –fundamento de una de las formas de genocidio– para que se exhumen sus cuerpos, enterrados después de ejecuciones extrajudiciales en número superior a los ciento cincuenta mil.
La obra de Garzón supera en mucho a su persona. Los que se alegran porque le tenían ganas, por su afán de protagonismo, su resentimiento o sus devaneos con la política, se encontrarán con una contundente respuesta ciudadana, que ya se está formando. Un movimiento popular, con apoyo internacional, va a empezar a señalar las grandes contradicciones del proceso de transición política, donde si entonces tuvieron que aceptarse muchas condiciones en aras de la convivencia democrática, ahora se revelan como intolerables limitaciones al esclarecimiento de nuestra historia reciente con todas sus consecuencias.
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