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El PP-A ve "insultante" y "ridícula" la reducción y exige saber dónde serán "recolocados"

Griñán suprime 39 altos cargos respecto al último gobierno de Chaves

Griñán suprime 39 altos cargos respecto al último gobierno de Chaves

martes 13 de abril de 2010, 16:14h

El Gobierno andaluz ha suprimido 39 altos cargos con la última remodelación planteada el pasado 23 de marzo por su presidente, José Antonio Griñán, en relación al último gabinete de Manuel Chaves, lo que supone un ahorro en torno a 3,5 millones de euros, equivalente al 0,01 por ciento del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, según informó en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno.

   El Consejo de Gobierno completó hoy la remodelación iniciada por Griñán el pasado 23 de marzo, que redujo de 15 a 13 las consejerías, con la aprobación de los decretos de nuevas estructuras de ocho departamentos, Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo; Turismo, Comercio y Deporte; Cultura; y Medio Ambiente. La estructura de la Consejería de la Presidencia fue aprobada el pasado 30 de marzo y el resto de consejerías (Educación, Salud, Agricultura y Pesca e Igualdad e Igualdad y Bienestar Social) no se ven afectadas por la remodelación.

   Moreno detalló que cuando Griñán accedió a la Presidencia de la Junta en abril de 2009 "la estructura de las consejerías arrancó con 316 altos cargos y esta remodelación los deja en 277 centros directivos", lo que supone una reducción del 12,3 por ciento respecto al último gabinete de Manuel Chaves --con 17 cargos suprimidos-- y del 7,4 por ciento en relación al primer Ejecutivo de Griñán --con 22 cargos eliminados--. Todos los cambios registrados en el último año en relación al último Gobierno de Chaves han supuesto un ahorro en torno a los 3,5 millones de euros, equivalente al 0,01 por ciento del Presupuesto de la Comunidad.

   En su opinión, esta "intensa reestructuración" busca "una manera de optimizar los recursos y racionalizar los procesos para tener una administración más eficiente y eficaz capaz de conseguir los objetivos trazados por Griñán", por lo que quiso dejar claro que, aunque "uno de los criterios es el de la austeridad, no justifica por sí misma la supresión o el cambio de consejerías", que también responde a criterios de "eficiencia, eficacia y funcionalidad". "Hay algo más que austeridad, hay eficacia y persecución de los objetivos de gobierno", subrayó.

   Según la Junta, la remodelación se orienta a "reforzar todas las áreas directamente relacionadas con las prioridades estratégicas del nuevo modelo de crecimiento previsto en la iniciativa Andalucía Sostenible y en el VII Acuerdo de Concertación Social", entre las que destacan "la generalización de las nuevas tecnologías, la mejora de las políticas activas de empleo, la modernización del aparato administrativo, el fomento de la movilidad sostenible, el impulso de la participación ciudadana y la revalorización del paisaje como fuente de riqueza".

   Con carácter general, las cuatro nuevas consejerías creadas a partir de fusiones (Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; y Obras Públicas y Vivienda) "mantienen o simplifican" los organigramas heredados. Así, Hacienda y Administración Pública incorpora como principal novedad una dirección general encargada de impulsar el uso intensivo de las nuevas tecnologías, mientras que Obras Públicas y Vivienda incluye una oficina de colaboración dirigida a responder a las demandas de la ciudadanía y las administraciones.

   Por su parte, Empleo se reorganiza "para poner el acento en la gestión integral de las políticas de empleo y en la mejora del servicio a la ciudadanía", mientras que Turismo, Comercio y Deporte suprime una dirección general (Promoción y Comercialización Turística) e incorpora a dos empresas anteriormente adscritas a la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa: Cetursa Sierra Nevada y Promonevada.

   Finalmente, Cultura introduce cambios en sus cuatro direcciones generales para reorientar áreas como el apoyo a la innovación en las industrias culturales, la promoción del paisaje y los archivos, bibliotecas y museos, mientras que Medio Ambiente suprime de su organigrama la Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental, además de redistribuir competencias entre sus centros directivos.

20 NOMBRAMIENTOS EN SEIS CONSEJERÍAS

   En paralelo a las nuevas estructuras de las consejerías, el Gobierno andaluz aprobó una veintena de nombramientos que afectan a seis departamentos: Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo y Cultura.

   En Gobernación Domingo Sánchez Rizo, hasta ahora delegado de Justicia en Cádiz, es el nuevo director general de Administración Local; Rosario Ayala, hasta ahora delegada provincial de Vivienda en Sevilla, es la nueva directora general de Voluntariado y Participación, mientras que repiten  José Antonio Saavedra como director general de Interior, Emergencias y Protección Civil y Jorge Pérez de la Blanca como director general de Oficina Judicial y Cooperación.

   En Hacienda y Administración Pública, la hasta ahora directora-gerente de la Agencia de la Competencia, María del Rocío Marcos, es la nueva Interventora General de la Junta, mientras que José Antonio Cobeña es el nuevo director general de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica. El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, es el nuevo director general de Finanzas, mientras que del anterior equipo de Administración Pública siguen María Gema Pérez Naranjo, ahora directora general de Innovación de los Servicios Públicos; Manuel Alcaide, ahora director general de Recursos Humanos y Función Pública, y María Pérez Porras, nueva directora del Instituto Andaluz de Administración Pública.

   En Economía, Innovación y Ciencia, la nueva directora gerente es Amalia Rodríguez, hasta ahora secretaria general del Consejo Económico y Social, mientras que Anabel Moreno es la nueva presidenta del Consejo de Defensa de la Competencia. En Obras Públicas y Vivienda se incorporan el concejal de Presidencia y Urbanismo y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla,  Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como secretario general de Vivienda, de Suelo, de Arquitectura y del Instituto de Cartografía; y el hasta ahora delegado de la Junta en Granada, Jesús Huertas, como director general de Rehabilitación Sostenible.

   De Obras Públicas siguen Eduardo Tamarit, ahora secretario general de Planificación, Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad; y Manuel Pérez Trillo, director de la nueva Oficina de Colaboración Territorial, Social y Ciudadana y de Gestión de Datos, mientras que de Vivienda se mantienen Rosa Urioste, ahora directora General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, y María Roció Allepuz, nueva directora General de Planificación, Ordenación y Desarrollo Territorial Sostenibles.

   En Empleo se incorporan Daniel Alberto Rivera, hasta ahora en la empresa pública Hospital de Poniente en El Ejido (Almería) como nuevo director general de Trabajo; Pedro Eugenio Gracia, director del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), como directora general de Calidad de los Servicios para el Empleo; y Andrés Sánchez, miembro de Los Verdes y secretario general para la Sostenibilidad en la anterior legislatura, como director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo.

   Por último, los nombramientos en Cultura son Carmen Fernández como nueva viceconsejera y Concepción Becerra como secretaria general técnica, mientras que repiten del anterior equipo Ana Navarro, ahora directora general de Innovación e Industrias Culturales; Rafaela Valenzuela, ahora directora general de Libros, Archivos y Bibliotecas, y Pablo Suárez, ahora director general de Museos y Promoción del Arte.

RIDÍCULA E INSULTANTE LA REDUCCIÓN DE LOS CARGOS

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, consideró "ridícula e insultante" la reducción de altos cargos que se ha acometido en el Gobierno de José Antonio Griñán y anunció que pedirán un informe a la Junta en el que explique "dónde han sido recolocados" los cesados.

   Sanz dijo a Europa Press que el Gobierno andaluz, sin duda, está dando el "peor ejemplo ante la sociedad" porque no se baja del "despilfarro", lo que constituye un "insulto a los parados andaluces". "Mientras que las familias se tienen que apretar el cinturón, la administración andaluza se muestra incapaz e incompetente para aplicar políticas de austeridad", señaló.

   Para el dirigente popular, es una "falta de respeto a todos los andaluces el engaño de Griñán, que ha convertido a su Gobierno en una agencia de recolocación". Se mostró convencido de que "los datos de reducción de altos cargos son falsos porque, sin duda, se ha llevado a cabo al mismo tiempo una reordenación y recolocación de esos mismos altos cargos en nuevos órganos, en empresas públicas o en organismos autónomos".

   "Finalmente, la reducción real de altos cargos es insignificante", señaló Antonio Sanz, quien anunció que su partido solicitará por escrito un informe al Gobierno en el Parlamento para que explique "dónde ha recolocado a cada uno de los altos cargos cesados, que en ningún caso van a suponer un ahorro a la administración, sino un mero reajuste de despachos".

   Para el dirigente popular, Griñán "ha mentido a las andaluces al anunciar que iba a plantear un plan de austeridad y una reforma de la administración, al tiempo que también ha incumplido su compromiso de reducción de empresas públicas, de lo que no se sabe nada".

   En su opinión, el presidente ha perdido una "gran oportunidad para dar ejemplo" ante los andaluces y expresó que Andalucía, con un millón de parados, "no puede ser campeona de altos cargos".

   Se mostró seguro de que esta comunidad se podría haber "gobernado con una reducción del 50 por ciento de las consejerías, de los altos cargos y de los delegados provinciales y con otra reducción del 20 por ciento del gasto corriente". "Todo lo que no sea una reducción del 50 por ciento de los altos cargos es algo que no se puede vender como política de austeridad", sentenció Sanz.

 

 

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