El próximo paso inmediato de los 'garzonianos' -tras de quienes se encuentran en la sombra el magistrado del Supremo
José Antonio Martín Pallín y el vocal del Consejo General del Poder Judicial
José Manuel Gómez Benítez- será recusar a cinco magistrados del Tribunal Supremo por escritos, declaraciones o actos efectuados con anterioridad que se interpretan en este sector como contrarios o de 'manifiesta enemistad' a
Baltasar Garzón. Esta recusación se unirá a la
querella criminal que ya han interpuesto ante la Sala del 61 del Supremo contra el magistrado instructor de la posible prevaricación de Garzón en la 'memoria histórica',
Luciano Varela, y contra
Juan Saavedra, presidente de la Sala.
Ése será el paso inmediato, según ha sabido
Diariocrítico de medios conectados con el juez Garzón, pero, paralelamente y en el campo internacional, se adivina un plebiscito mundial contra el franquismo, lo cual, de prosperar, va a poner en serios apuros al Gobierno de España, pero, además, va a dejar en muy mal lugar a la derecha española, que sigue sin condenar la dictadura de una manera fehaciente, y también a la izquierda, que pactó una Ley de Amnistía que rechazó luego en otros lugares como Argentina, donde hubo una Ley de Punto Final, o Chile, tras la dictadura de
Augusto Pinochet.
La 'ofensiva internacional'
En ese campo de minas internacional, dos ancianos republicanos españoles residentes en Argentina, con parientes fusilados en la dictadura franquista, acaban de presentar una querella en Buenos Aires ante la Cámara Federal de Justicia por genocidio y crímenes contra la Humanidad cometidos por los franquistas. Cuentan con el apoyo de Las Abuelas de la Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el premio Nóbel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel, entre otros muchos. Periódicos norteamericanos como el
New York Times, ingleses, franceses o alemanes, con ideología de derechas, han sacado a la palestra el intento de los franquistas españoles de inhabilitar al juez que ha tratado de buscar a los responsables del llamado genocidio español.
Por toda España se anuncian actos de apoyo a Garzón, a pesar de que muchos dirigentes de izquierda y organizaciones ciudadanas le habían criticado muy duramente en el pasado por sus excesos judiciales. Si de lo que se trataba era de anular al juez-estrella parece que han conseguido lo contrario.
Las explicaciones del propio Luciano Varela, fundador de Jueces por la Democracia y amigo de la vicepresidente
Teresa Fernández de la Vega, de que no se puede permitir que un juez-estrella se salte la ley cuando quiera llega muy tarde y suena a falso porque a Garzón se le ha permitido en la Audiencia Nacional que hiciera lo mismo o mucho más cuando se trataba de perseguir al entorno de ETA -cierre del periódico
Egin, aceptación de confesiones ante la policía sin más pruebas, aplicación de ilegalidades a organizaciones nacionalistas cuando no existía todavía la Ley de Partidos, imputaciones exageradas a dirigentes políticos extraparlamentarios, etc- sin que nadie le dijera nada y con el aplauso unánime de los dos partidos políticos mayoritarios, PP y PSOE.
Luciano Varela fue, además, uno de los jueces que mostró su disconformidad, en forma de voto particular, con la sentencia de
Scilingo, el militar argentino que participó en los escuadrones de la muerte y que fue condenado a más de mil años en España por crímenes contra la Humanidad y genocidio.
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Jaleado, primero, por Aznar... y ahora por Zapatero
Cuando Garzón dejó la política como número dos de la lista del PSOE al Congreso por Madrid (elecciones de 1993) y volvió a la Audiencia Nacional para acusar a los dirigentes socialistas de dirigir la creación de los GAL, desde las filas del PP se le jaleó y hasta se le utilizó para conseguir batir electoralmente a
Felipe González en 1996. Aznar no hubiera llegado a la Moncloa sin la ayuda de Garzón. Eso le concitó al juez odios en las filas socialistas, especialmente por parte del ministro de Interior y Justicia,
Juan Alberto Belloch, y de su directa colaboradora Fernández de la Vega, en Justicia, aparte de los directamente afectados por la trama de los Gal, como el ex ministro
José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad,
Rafael Vera. Otro ex ministro,
José Luis Corcuera, se salvó por lo pelos.
En el periodo entre 1996 y 2002, el juez-estrella fue un estrecho colaborador de las consignas emanadas desde el Gobierno de Aznar contra los nacionalistas radicales, y muchos de sus procesos contra Herri Batasuna y contra otras organizaciones vascas fueron el “borrador” de la Ley de Partidos para impedir la presencia de los grupos que no condenen la violencia en los Ayuntamientos y en el Parlamento Vasco.
... Jaleado, ahora, por Zapatero
El tándem Aznar-Garzón se rompió cuando el juez se puso a la cabeza de muchas manifestaciones contra la guerra de Irak y contra el PP por este tema. Y cuando Zapatero llegó a la Moncloa, Garzón creyó llegado el momento de cerrar las viejas heridas y trató de aportar para ello su grano de arena al plan del Gobierno de pactar con ETA el final de la violencia. Eso le valió al juez las críticas de los medios de Comunicación ligados al PP y de su colaborador y amigo el fiscal Enrique Molina, que es el verdadero autor de las diligencias contra el entramado financiero de ETA. Hombre muy de derechas, Molina dejó entonces la Audiencia Nacional para dedicarse a la abogacía en un gran despacho profesional desde donde ha asumido la defensa de Garzón por el tema de Nueva York y los pagos del Santander.
Un puntal básico para mejorar sus relaciones con el PSOE e incluso llegar a tener una cierta amistad con Zapatero fue el abogado y actual miembro del Consejo General del Poder Judicial
José Manuel Gómez Benítez, que participó por encargo del Gobierno en algunas de las negociaciones directas con ETA. Benítez y
Margarita Robles, que está también en el CGPJ mantienen un enfrentamiento total por el caso Garzón.
En el PP, los antiguos entusiastas de Garzón se habían ido enfriando, e incluso comenzaron a criticarle, cuando vieron el apoyo del juez-estrella a Zapatero, y se convirtieron en sus enemigos definitivos el día en que estalló el “caso Gürtel”. De repente “descubrieron”, como ya lo habían hecho los socialistas durante el caso Gal, que Garzón es un mal instructor, que se limita a convertir en sumario las diligencias policiales, y que actúa siguiendo criterios subjetivos que muchas veces no se atienen a lo estrictamente legal y justo. Cosa que, por cierto, se podría a aplicar a muchísimos jueces en toda España.
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El portavoz de Justicia del PP,
Federico Trillo, que fue el primero en querellarse contra Garzón nada más filtrarse los primeros datos de la trama organizada por Francisco Correa y altos cargos del PP en Madrid y Valencia, “descubrió” nada menos que Garzón era un juez socialista porque había ido de número dos con Felipe González, “olvidando” en cambio que luego dio el triunfo a Aznar con sus investigaciones.
De esta manera Garzón se ha encontrado con la animadversión de hombres y mujeres que ocupan puestos claves en el PP y en el PSOE -algo parecido a lo que le ocurrió a Mario Conde cuando anunció que iba a presentarse a las elecciones en 1991 y fue arrasado por el Banco de España con el acuerdo entre González y Aznar-, lo que le ha dejado “desnudo” frente a los ataques de una ultraderecha enfadada por el auto de Garzón contra el franquismo, una verdadera acta de acusación contra los crímenes de Franco, sus ministros y generales, sus policías y sus jueces. Hay que tener en cuenta que todavía hay magistrados en ejercicio que juraron fidelidad a las leyes del Movimiento y que se han sentido amenazados.
El tope de la Ley de Amnistía
La tesis de muchos -no todos- magistrados del Tribunal Supremo, que parecen coincidir con las del PP y algunos del PSOE, es que la Ley de Amnistía fue votada por la mayoría de los españoles y que, por lo tanto, intentar pedir responsabilidades a los franquistas es tan ilegal como tratar de pedírselas al Rey
Juan Carlos por haber colaborado con Franco, además de romper el pacto que franquistas y demócratas hicieron para iniciar la Transición.
Los defensores de condenar al franquismo, aunque sea 35 años después de la muerte del dictador y a pesar de que ya no se pueda condenar a los autores del golpe de Estado contra la República, opinan que sí quedan aún muchos responsables de las tropelías cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y que, sobre todo, se puede resarcir a las víctimas del franquismo y devolverles la dignidad perdida.
Son éstos los que están impulsando las acciones contra los magistrados que van a sentar a Garzón en el banquillo por prevaricación en la causa de la memoria histórica -como la Associació per a la recuperació de la memoria histórica de Catalunya (ARMHC) o la Associació per a la recuperació de la memoria històrica de Mallorca, que son las que han firmado la querella contra Varela y Saavedra-, movidos, en la sombra por magistrados y fiscales como
Martín Pallín y
Carlos Jiménez Villarejo, tío de la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez. Y son ellos mismos los que mueven los hilos del mundo de la cultura,
encerrados en la actualidad para protestar por el encausamiento de Garzón, y los que van a poner recusaciones a go-gó contra magistrados del Tribunal Supremo.
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