El presidente del directorio de la ESM, Sergio Alandia, reveló ayer que la Jindal se querelló el 14 de abril en contra del directorio de la ESM por la ejecución de las boletas de garantía.
Alandia calificó el acto como fuera de la ley y de los acuerdos, y anunció que acudirá a un juzgado de Santa Cruz para atender la demanda. Reveló que el 50 por ciento de la inversión de la empresa india se destinó a la instalación de las oficinas, la compra de celulares y de microondas, entre otros enseres.
Un representante de la Jindal argumentó que la decisión de procesar al directorio se basa en el hecho de que esta entidad ha incurrido en actos ilegales.
Los cívicos de Puerto Suárez anunciaron un paro de actividades y bloqueo de las vías de acceso —ferrocarril, carreteras y aeropuerto— para mañana viernes en protesta porque ambas partes incumplieron los acuerdos. Además, volvieron a pedir la presencia del presidente Evo Morales para resolver el entuerto.
El 9 de marzo se reunieron en Puerto Suárez el ministro de Minería, José Pimentel; el presidente del directorio de la ESM, Sergio Alandia, y los representantes de la Jindal, y firmaron un acuerdo de borrón y cuenta nueva. El Gobierno se comprometió a entregar en 60 días la tierra faltante (que aún estaba ocupada por terceros) y la Jindal a acelerar las inversiones, cuyo cronograma se computaría a partir del 26 de abril de 2009.
Sin embargo, ambos bandos actuaron al margen de esos compromisos. La ESM inició el trámite de ejecución de las boletas de garantía con el justificativo de que no se puede soslayar las leyes bolivianas, ya que caerían sobre el directorio las responsabilidades administrativas.
También argumentaron que la empresa india no cumplió el cronograma de inversiones, que renovó tarde las boletas de garantía y no pagó por el derecho de explotación.
El sábado 10 de abril se reunieron las partes para intentar un acuerdo ante el anuncio de la ejecución de las boletas de garantía y el desconocimiento del acuerdo del 9 de marzo, pero no llegaron a nada.
El lunes 12 de abril, la ESM y el Ministerio de Minería anunciaron la conclusión del trámite de ejecución de las boletas de garantía y aseguraron que sólo faltaba traspasar los 18 millones de dólares de cuentas bancarias a las fiscales.
El miércoles 14, según Alandia, la Jindal interpuso la demanda judicial ante la Corte Distrital de Santa Cruz. El viernes 16, el Ministerio de Minería entregó a los bancos el número de cuenta bancaria para el traspaso del dinero. Ayer, Alandia informó que nueve de los 18 millones de dólares ya fueron transferidos a las cuentas del Banco Central de Bolivia (BCB).
El lunes 12, cuando Alandia dio a conocer que se había concluido el trámite de ejecución de las boletas de garantía, aseveró que antes que los acuerdos (en referencia al rubricado el 9 de marzo), su obligación era cumplir las leyes bolivianas.
Pero ayer, en conferencia de prensa, manifestó: “Un hecho (la demanda judicial de Jindal) totalmente fuera de contrato que contradice todo lo acordado (el 9 de marzo) y pone en cuestionamiento de que si ambas partes respetamos o no el contrato”. Un representante de la Jindal dijo escuetamente: “Ante el incumplimiento de la ley, tenemos derecho de defendernos”. Los directivos de la empresa india dejaron dicho que no hablarán con los medios de comunicación.
Ayer debía llevarse a cabo una reunión en Puerto Suárez con la participación de todo el directorio de la ESM y los representantes de la Jindal, pero Alandia no asistió y tampoco explicó nada a los cívicos, que esperaban ese encuentro.
Al enterarse de la demanda judicial de la Jindal, los cívicos consideraron que el contrato entre el Gobierno y la empresa india está en incertidumbre, y decidieron, según informó Juan Carlos Santander, presidente del Comité Cívico de la región, realizar un paro de actividades el viernes con bloqueo de los accesos a la región en protesta por la situación.
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