Centenares de personas, 5.000 según los organizadores, se manifestaron este sábado contra la especulación urbanística en defensa del territorio y por una vivienda digna, en una concentración organizada por la coordinada ciudadana 'En Defensa del Territorio' que partió desde la plaza de Atocha de Madrid y desembocó en la Puerta del Sol.
El portavoz de la coordinadora, Jaime del Val, denunció que la especulación urbanística se ha convertido en el problema más grave del Estado Español y exigió al Gobierno de la Nación una serie de actuaciones urgentes "para erradicar este problema por sus consecuencias medioambientales, sociales, económicas y políticas". Del Val destacó que debe de existir "una mayor coordinación" de los gobiernos autonómicos con el central porque "se especula desaforadamente".
En la cabecera de la manifestación los convocantes portaron tres pancartas en las que figuran las palabras "Contra la especulación", "En defensa del territorio" y "Por una vivienda digna". Además, entre los lemas de las personas que se dieron cita en este acto reivindicativo, destacan: "Menos urbanizar y más proteger" o "Gobierne quien gobierne".
La marcha, que se desarrolló al mismo tiempo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Almería, Salamanca, La Coruña, Santiago de Compostela, Marbella, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, pretende concienciar a los ciudadanos de que la corrupción urbanística "supone una amenaza sin procedentes a la democracia que devasta de forma irreversible el territorio, haciendo inaccesible la vivienda para casi todos, sumiendo a la sociedad en la precariedad".
.jpg)
Del Val indicó que para frenar esta situación es necesario elaborar "un plan integral y drástico que elimine todas las figuras legales que favorezcan la especulación, una ley rápida más efectiva contra los abusos urbanísticos y medioambientales y la aplicación de la legislación con sentencias ejemplares".
Asimismo, la coordinadora ciudadana 'En Defensa del Territorio' solicitó a las distintas Administraciones públicas en un manifiesto que aprueben una moratoria general de recalificación, que limiten urbanizar en más del 10 por ciento del suelo urbano existente en cada municipio y la retirada de competencias urbanísticas a los municipios y comunidades autónomas "que promuevan el urbanismo salvaje".
"Nada de esto se está fomentando desde el Gobierno. Las medidas adoptadas hasta ahora son tibias, totalmente insuficientes, son meras pantallas electoralistas y no sirvan para atajar al situación; todo porque los partidos políticos no quieren dejar de financiarse con la construcción y los corruptos no quieren dejar de robar", añadieron los convocantes.
Si (
No(
