La orden de captura preventiva contra
Santos hace parte de un proceso que un juez ecuatoriano inició por el bombardeo que el entonces ministro, adelantó contra un campamento de las FARC que se encontraba en territorio del vecino país.
Además de
Santos, la acción judicial también pesa sobre altos mandos militares por su participación
“intelectual” en el ataque denominado “Operación Fénix” y que tuvo lugar el primero de marzo de 2008.
Una fuente de la Corte ecuatoriana aseguró que la orden de captura sigue vigente porque el defensor público,
Walter Lombeida, no compareció a la audiencia de apelación.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, afirmó además que la decisión de la decisión de la Justicia de Ecuador
"no contribuye" a la
"normalización de las relaciones diplomáticas que se viene adelantando entre los dos países".
La Cancillería agregó que defenderá con los instrumentos a su alcance a todos funcionarios y ex - funcionarios colombianos frente a circunstancias de esta naturaleza, y reiteró
"que su defensa y protección es una responsabilidad de Estado".
Por su lado, el ex -ministro expresó que su situación con la Justicia ecuatoriana es un caso de Estado.
"Es una situación que no afecta a Juan Manuel Santos, ni al general Freddy Padilla (comandante de las Fuerzas Militares), ni al general Óscar Naranjo (director de la Policía Nacional), sino al Estado y es el Estado el que debe asumir esa situación y responder, porque no es un caso personal sino un caso del Estado Colombiano".
En este sentido, el martes pasado, el canciller ecuatoriano,
Ricardo Patiño, explicó que junto al canciller colombiano,
Jaime Bermúdez, se acordó no tratar públicamente los temas que se analizan para propiciar un acercamiento diplomático entre ambos países hasta que finalice el proceso electoral colombiano con el fin de no influir en su desarrollo.
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