La decisión de los dirigentes de la localidad de Caranavi de tomar las propiedades del senador del MAS Fidel Surco por el conflicto de una planta de cítricos derivó en una reunión inmediata de las autoridades y el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, que advirtieron a los dirigentes de ese sector con procesos legales si no respetan la propiedad privada. Hasta ese instante, el Ejecutivo había anunciado su intención de mantenerse al margen del conflicto.
Ayer, una reunión entre dirigentes de Caranavi y las autoridades de Gobierno no arrojó ningún resultado y la dirigencia anunció que un ampliado tomará la decisión final sobre la continuidad del bloqueo de caminos, que ya lleva nueve días y que perjudica a miles de pasajeros varados en la carretera que une La Paz con el norte del departamento.
Paralelamente, le recordaron al Gobierno que no asumió la misma defensa en el caso del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, cuyos paisanos decidieron expulsarlo de su comunidad hace más de un año, en marzo de 2009, y tomaron su propiedad para la población y que debía ser utilizada en un albergue para ancianos.
El Gobierno dijo que no intervendrá el bloqueo de caminos porque es un problema entre comunidades que se disputan la construcción de una planta de cítricos y que luego del acuerdo interno, el Poder Ejecutivo llevará a cabo la construcción. Los pobladores acusaron al hermano del senador Fidel Surco, Luis Surco, de impulsar la edificación de esa planta en la localidad de Palos Blancos y dejar sin el proyecto a Caranavi, razón por la cual tomaron las oficinas de la empresa de transporte de Surco. El senador oficialista dijo que luego de que pase el problema asumirá acciones contra los avasalladores y recordó que él no es el único propietario de la flota, sino que tiene socios.
Los comunitarios decidieron clausurar esas oficinas para que no opere más en la zona, luego resolvieron la toma de las propiedades de la familia Surco y ayer el ministro Llorenti dijo que “es necesario que los dirigentes recuerden que no se puede tomar la propiedad privada”.
Cárdenas recordó que hace un año él no tuvo protección del Estado cuando los comunitarios de la localidad de Watajata determinaron tomar su propiedad y que su familia fue expulsada por dirigentes afines al oficialismo.
Cárdenas lleva un año sin respuestas
A más de un año de la toma de la propiedad del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en la localidad de Watajata, la casa se encuentra abandonada y la dirigencia que la ocupó para darle una función no lo hizo; mientras, el proceso judicial contra los avasalladores avanza en la justicia ordinaria, informó la ex autoridad.
Afirmó que él repudia la toma de la propiedad del senador Surco y censuró la ausencia de Estado que existe en el país porque la toma violenta de los predios se hace una costumbre sin que el Ejecutivo pueda hacer algo. “La casa sigue abandonada. Tres semanas han ocupado los dirigentes, han traído a gente de otras provincias y fue el ex alcalde Eugenio Rojas el que trasladó la gente, por eso creo que el Gobierno encubre y premia a los asaltantes”, dijo Cárdenas.
Aseguró que hay un juicio pendiente y que si no es escuchado en el país va a recurrir a tribunales internacionales.
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