Redoblan control policial ante la radicalización de las protestas

La Policía tiene "la obligación de mantener vigente el derecho que tenemos los ecuatorianos de circular por el país libremente" y, si los grupos indígenas cierran vías, la fuerza del orden redoblará sus esfuerzos para impedirlo, subrayó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh.

El pasado jueves, las más importantes organizaciones indígenas del país convocaron a sus bases a radicalizar las protestas que mantenían desde el martes contra el trámite en la Asamblea Nacional legislativa de la Ley de Recursos Hídricos, impulsada por el Ejecutivo.

Los indígenas consideran que ese proyecto supuestamente permite la privatización del agua, conculca sus derechos ancestrales sobre el manejo del recurso y privilegia el uso del líquido por parte de empresas privadas, especialmente mineras.

El Gobierno, por su parte, niega que el proyecto sea privatizador y ha acusado a los dirigentes indígenas de mentir a sus bases y de presionar para tener poder en algunas instituciones encargadas de administrar los recursos hídricos.

"Hemos recibido información de la Policía nacional en el sentido de que algunos grupos quieren cerrar algunas vías del país (...), quieren interrumpir el tránsito, violar la Constitución, quieren cometer delitos tipificados en el código penal", señaló Jalkh.

Según el ministro, la información de la Policía apunta a que los indígenas cerrarían carreteras en las provincias de Imbabura, en Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, entre otras, posiblemente desde esta medianoche.

El pasado jueves, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (FENOCIN) y la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) anunciaron en conjunto la "radicalización" de las protestas.

Según Jalkh, los dirigentes de esas organizaciones "quieren movilizar con engaños a sus comunidades" con el objetivo de "cometer delitos", como el cierre de vías.

"La movilización (social) es un derecho, pero no hay derecho a cometer delitos como el cierre de vías", reiteró el ministro, al precisar que los manifestantes pueden hacer llegar sus peticiones a las autoridades respectivas a través de las autoridades pertinentes.

Además, dijo que quienes cometan delitos como atentar contra la propiedad pública o, eventualmente, usen armas de fuego durante las movilizaciones, serán detenidos y "van a ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes".

Se permitirá la movilización pacífica "dentro de la ley. Todas las manifestaciones que se realicen tiene que estar dentro de la Constitución y la ley", remarcó el ministro.

Insistió en que el derecho a la protesta puede ser ejercido "sin atentar contra los bienes públicos, sin atentar contra la circulación de las personas en la vía, cumpliendo todas a las disposiciones" legales.

El comandante general de la Policía, el general Freddy Martínez, indicó que su institución tiene la obligación de "restaurar cualquier movimiento que atente contra la seguridad de la gente" y que realizará los operativos necesarios para controlar el orden en todo el país.