El Gobierno -una parte, aunque importante- dudó con la petición de
Baltasar Garzón de solicitar una excedencia en la Audiencia Nacional para ir de asesor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. La razón de la duda es que es preceptivo un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la idoneidad del juez, lo cual, claro, implica plenamente al Gobierno.
Ese sector gubernamental pensaba, con cierta razón, que el juez-estrella está imputado en tres procesos penales: dos por presunta prevaricación y uno por supuesto cohecho. Y, además, en tan avanzado proceso de instrucción que podía ocurrir -como así ha sido- que se abriera juicio oral contra él. ¿Y cómo argumentar que es un juez justo, serio, recto, para asesorar a la justicia internacional cuando recae sobre él la sombra de la duda? Ése era el problema esgrimido por el sector crítico a Garzón -no todo el gobierno es fiel al juez-estrella y a su ex abogado, el vocal del CGPJ
José Manuel Gómez Benítez-: que Exteriores tendría que implicarse 'demasiado'.
Finalmente, el Ministerio de Exteriores ha remitido el informe, favorable, off course, al Consejo, 'pringándose demasiado', según fuentes judiciales no muy próximas al juez. Pero lo cierto es que el será el Pleno del CGPJ el que tenga que decidir en la reunión de este viernes, y parece que está muy clara la suspensión cautelar de Garzón. Si eso es así, ¿se podrá ir Garzón a La Haya?
Si (
No(
