Consulta popular

Carreteras cerradas y vehículos destruidos por grupos violentos que obedecen a la Conaie, calles tomadas por grupos vandálicos del MPD, la Asamblea Nacional cercada varios días por cientos de garroteros, decenas de policías heridos por palazos y perdigonazos, y reiterados intentos de desabastecer al país de azúcar y gas, pese a la existencia de amplias reservas de estos productos, muestran que existe una conspiración en marcha, encaminada a derrocar a un gobierno legítimo, que es respaldado por la mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos.

Haciendo coro a esa conspiración de la derecha y la ultraizquierda, evidentemente dirigida por fuerzas internacionales, está la gran prensa, que distorsiona la información, ataca coordinadamente al Gobierno y acusa a éste de ser una dictadura. Evaporados sus partidos políticos y carente de fuerzas propias, ahora la derecha mueve los hilos del regionalismo, del etnicismo y de los resentimientos sociales, en busca de tontos útiles que le ayuden a derrocar al gobierno de Correa. Por eso, mientras las páginas editoriales de sus periódicos destilan odio, sus primeras planas buscan escandalizar al país y sus televisoras se complacen en entrevistar a unos indígenas que, hasta ayer, eran vistos con desprecio.

Esto tiene que terminar. La Asamblea Nacional, elegida libremente por la mayoría de los ecuatorianos, no puede legislar bajo la sombra de los garrotes que enarbolan los violentos. Los pacíficos ciudadanos del común, los que creemos en la democracia, queremos vivir en paz y en un país de calles abiertas, carreteras abiertas y mentes abiertas. La mayoría de los ciudadanos creemos en el diálogo, en el consenso y el acuerdo, pero también aspiramos a que impere la ley, que es la expresión democrática de las mayorías, y a que no se impongan la violencia o el bloqueo de vías como formas de acción política.

 Por eso, opinamos que sería conveniente que el Gobierno nacional convocase una consulta popular sobre los proyectos de ley más controvertidos, tales como los de Ley de Aguas y Ley de Educación Superior.
Respecto de la Ley de Educación Superior, a todas luces es imperativa su expedición, para frenar los abusos, irresponsabilidades y distorsiones que la evaluación del Conea  dejó en evidencia. Las conclusiones y recomendaciones de esa evaluación, técnicamente hecha, deberían ser el horizonte de acción por el que se guíe el Estado en la regulación de este importantísimo campo de la vida nacional, del cual depende en gran medida el futuro del país. Lamentablemente, el accionar de los empresarios de la educación ha logrado que la comisión especializada de la Asamblea Nacional, presidida por el ex rector de una universidad privada, anule el esfuerzo técnico del Conea y deje vía libre a los abusos y distorsiones que debieran corregirse.

Para todos estos problemas, la mejor solución será la consulta popular. De este modo, por encima de etnicismos y prebendalismos, será el pueblo soberano, serán las mayorías ecuatorianas, sin ningún garrote que las amenace, las que decidan la ruta a seguir por el país.

Ante la conspiración de las minorías, la respuesta tiene que ser más democracia y más decisión popular.

jorge.nunez@telegrafo.com.ec